En el tribunal número 13 del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales se abrirá este lunes (día de la Constitución en España), la primera audiencia por la demanda civil de Corinna zu Sayn-Wittgenstein contra Juan Carlos I por presunto acoso (harassment, en inglés), seguimiento ilegal y difamación. En este edificio, la Royal Courts of Justice, de estilo gótico, construido en la década de 1870 e inaugurado por la reina Victoria, se expondrán las pruebas si la demanda supera la barrera preliminar: el argumento de la defensa de Juan Carlos I según la cual el actual rey emérito goza de inmunidad soberana y de jurisdicción como exjefe de Estado y, por tanto, rechaza la jurisdicción inglesa.
El juez Matthew Nicklin será el encargado de celebrar esta audiencia, que, en principio, se prevé para el lunes 6 y el martes 7 de diciembre. La demandante, Corinna, estará representada por los abogados Jonathan Caplan, James Lewis y Adam Chichester-Clark y los abogados del bufete internacional Clifford Chance representarán al demandado, Juan Carlos I.
Case management conference. Según reza la convocatoria de la audiencia en el tablón del tribunal, colocada ayer, se trata de una case management conference o CMC, una audiencia preliminar para que el tribunal identifique y delimite los asuntos en litigio, y para estudiar si pueden ser acotados antes de ir a juicio. El juez tiene amplios poderes para señalar cómo debe ser conducido el caso, lo que se traduce en una primera orden de dirección que aborda el calendario de la demanda.
Aunque Corinna zu Sayn-Wittgenstein pide una indemnización por daños y perjuicios, la demanda no la cuantifica. Fuentes jurídicas estiman, por el concepto de costes que se apuntan, que se estaría barajando una cifra de millones de libras o euros, una cantidad que conduciría al llamado procedimiento multi-track, al superar las 25.000 libras esterlinas. También se abordan los costes del procedimiento.
Inmunidad de jurisdicción. El punto preliminar, el equivalente a las cuestiones previas en el procedimiento civil de España, es la falta de jurisdicción, competencia objetiva y territorial. En este caso, la defensa de Juan Carlos I, contratada por el emérito desde Emiratos Árabes Unidos, donde reside desde agosto de 2020, a través de su abogado Javier Sánchez-Junco, solicita al tribunal inglés que deseche la demanda porque el emérito goza de inmunidad de jurisdicción en su condición de exjefe de Estado. Rechaza, pues, la jurisdicción inglesa.
Esta doctrina choca con la circunstancia de que esta prerrogativa (que Juan Carlos I siguiese gozando de inmunidad de jurisdicción) no fue prevista en su veloz aforamiento ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy y ratificado con los votos del PP en solitario, tras la abdicación del Monarca en junio de 2014. Una previsión de este tipo, claro, hubiera sido incoherente y contradictoria con admitir la responsabilidad civil y penal del aforamiento.
