Las relaciones entre el sindicato UGT y el PSOE asturiano atraviesan malos momentos. La principal razón está en el proceso judicial a los dirigentes del sindicato cuya sentencia ha caído como un mazazo y sume a la organización en numerosas incógnitas sobre su futuro, en especial las financieras. El fallo judicial es duro para el sindicato: su exsecretario general, Justo Rodríguez Braga, y el exsecretario de Formación, Manuel Díaz Cancio, han recibido penas de dos años y diez meses de prisión. La pena para la que fuera secretaria de Administración del sindicato se eleva a los tres años y ocho meses. Cuantiosas son también las multas derivadas de los delitos sentenciados: en total 3,6 millones de euros, que en teoría deberían afrontar los condenados. Pero UGT sufre un castigo especial, además de una multa de 122.028 euros: la imposibilidad de recibir subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años.
La compleja situación por este caso ha ido tensando gravemente la relación entre el sindicato y el partido. Incluso ha habido momentos de clara desconfianza. En el acto de entrega de los premios de UGT, el pasado 1 de octubre, se escenificaron las diferencias. En un momento del acto (con discursos combativos con la acción de gobierno), se pidió desde la tribuna de oradores un aplauso por los responsables de UGT encausados por el fraude en los cursos de formación. Los asistentes se pusieron en pie y rompieron en ovación, mientras que Adrián Barbón permaneció impasible en el asiento sin ningún gesto.
Esta situación se sumaba a la queja por parte del sindicato contra el hecho de que el Gobierno del Principado se hubiese personado en la causa, algo a todas luces obligado habiendo impacto en los caudales públicos. La razón por la que en el sindicato se consideraba excesiva la personación del Principado residía en que los informes técnicos de la administración no detectaban irregularidades en el proceso de justificación de las subvenciones sobre las que sí puso el foco la Sindicatura de Cuentas. La opción de que el Gobierno se inhibiese de una situación así resultaba a todas luces impensable. Como mínimo podría arriesgarse a una denuncia por presunta prevaricación.
Basta escuchar las declaraciones de Adrián Barbón esta misma semana cuando fue preguntado por la sentencia para constatar la distancia que el Gobierno y el PSOE han puesto en este asunto: “La única valoración que siempre hago cuando se trata de una sentencia es de respeto absoluto a la Justicia y a la labor de la Justicia”. Ni una palabra más.
Esta cuestión también genera tensiones internas en el sindicato, sumándose a la preocupación que existe por el panorama inmediato. Existe malestar porque la parte dirigente del sector del metal del sindicato también se haya esmerado en guardar buenas distancias respecto a los anteriores responsables y se afea que ni siquiera desde dentro de la casa se haya expresado afecto.
Hay otro asunto que también genera fricciones entre el Principado y UGT: el futuro de la Fundación Metal, una entidad de cuyo patronato forman parte administraciones, sindicatos y patronal y que se encuentra sumida en un agujero financiero: los trabajadores llevan seis meses sin cobrar nóminas. El rescate se ha producido gracias a un acuerdo por el cual los patronos inyectarán un millón de euros entre todas las partes, pero la patronal metalúrgica ya ha dicho que sopesa abandonar. El futuro también es sombrío.
Todo ello forma un cóctel que puede explicar que no exista aún un acuerdo sobre la concertación sindical: el gran acuerdo entre Gobierno y sindicatos y que debería haberse rubricado ya hace al menos un mes. No tiene sentido que la concertación social se acuerde después de que el Gobierno ha presentado el Presupuesto, porque los términos de ese acuerdo deben tener reflejo en las cuentas. Adrián Barbón aseguró en la Junta, en el debate del estado de la región, su convencimiento de que la concertación estaría firmada antes siquiera de iniciar las negociaciones de las cuentas con el resto de partidos. Eso era el 26 de octubre. Esta semana que comienza es clave para que se llegue a un acuerdo, que podría rubricarse tras el puente o a principios de la próxima. Las líneas generales están prácticamente cerradas y el problema parece estar más en formalidades. La concertación es un proceso que tiene cierto valor simbólico político, ya que supone una especie de “certificado” de capacidad dialogante del Ejecutivo: un aval que conviene colocarse en la pechera.
