En el año 1940, con las fuerzas de la Wermacht agazapadas al otro lado de los Pirineos, el político conservador Sir Samuel Hoare aterriza en Madrid como embajador plenipotenciario del Reino Unido ante el nuevo régimen. Por aquel entonces, nuestro país se debatía, tras una cruenta guerra civil, entre la oportunidad de entrar en guerra al lado de las, por aquel entonces, imparables fuerzas del Eje o permanecer en una precaria neutralidad, a fin de recuperarse de los estragos causados por una contienda finalizada apenas un año antes. Y es en este terreno de juego donde se enmarca la conocida anécdota narrada por Caro Baroja. Tras uno de los incendiarios discursos del “cuñadísimo” Ramón Serrano Suñer (el más germanófilo de todos los jerarcas del régimen) demonizando a la “pérfida Albión”, un grupo de enardecidos estudiantes se dirigió a la embajada británica con aviesas intenciones.
A la vista de los disturbios ocasionados por aquella turba de gente, el propio Serrano llamó a la misión diplomática, ofreciéndose a reforzar las fuerzas policiales que custodiaban la embajada. La respuesta del embajador, haciendo gala de la tradicional flema británica fue, “Ministro, no me mande más policías, mándeme menos estudiantes”. Este suceso fue, en su momento, convenientemente desmentido por el propio Serrano en el prólogo que escribió a la edición española del volumen de memorias del propio embajador inglés (uno de los libros que heredé de mi abuelo materno y que conservo como “oro en paño”). Cierto o no, este episodio denota una actitud muy generalizada en todos los gobernantes que en el mundo han sido, sean del signo que sean. Se trataría de eso que muchos califican de “cinismo político” y algunos otros, más benévolos, de “maquiavelismo”. Por ello, cada uno de nosotros podrá calificar como quiera la actitud del actual Ministro del Interior del gobierno de España, cuando, en pleno debate sobre la derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como “ley mordaza”, se levantó en el Pleno del Congreso de los Diputados para defender vehementemente, pese a las movilizaciones de la práctica totalidad de los sindicatos policiales, la derogación de dicha norma; acusando, de paso, a toda la oposición de “generar un clima de odio” y “crear crispación en la calle” por el hecho de apoyar dichas movilizaciones. Curiosas manifestaciones estas, teniendo en cuenta que provienen del mismo personaje que, allá por el 2014 y en su calidad de vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular, votó, junto con la mayoría conservadora del órgano de gobierno de los jueces, a favor de dicha ley. Una norma que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional y, dicho sea de paso, profusamente utilizada por el actual gobierno de coalición durante todos estos meses de pandemia, devoluciones de inmigrantes “en caliente” incluidas. Así pues, remedando aquel Vizconde de Templewood, al teléfono mientras llovían piedras sobre los cristales de su delegación diplomática, nosotros también exclamamos, “Ministro, no hace falta que derogue la ley mordaza, bastaría con que su gobierno la utilizase un poco menos”.
