“Traficantes de ideas de segunda mano”, denominaba Hayek a quienes, tercamente hostiles a la economía de mercado, se empecinan en sostener planteamientos alternativos que nunca funcionan. George Gilder, en un libro clásico, “Riqueza y pobreza”, lo dice de modo más crudo: “La idea de que, en la economía de mercado, la riqueza se crea robando es muy popular entre quienes llenan las prisiones y… en amplios círculos de Harvard”. Pese a que estamos integrados en la Unión Europea, inserta en la economía de mercado, desde relevantes sectores del Gobierno de la nación se cuestionan las ideas económicas de base que la conforman, de modo sutil, y a veces no tanto, ensalzando como gran logro, especialmente en Asturias, la política de subvenciones y de mantenimiento artificial de empresas en crisis, cuando no su integración en el sector público asumiendo las deudas millonarias generadas por las mismas.
La Unión Europea pone a disposición de España setenta mil millones de euros para paliar la crisis económica derivada de la pandemia. Las condiciones no solo son ventajosas económicamente, sino que la Unión Europea deposita el control total en manos del gobierno español que, a cambio, debe conseguir algunos hitos orientados al crecimiento económico: avance de la digitalización, medidas medioambientales y lucha contra la desigualdad. En este proceso, dos cuestiones concretas, que deben situarnos en los estándares europeos, interpelan el sentir tradicional de las llamadas opciones progresistas, que son las que están en el gobierno: la primera, modernizar el mercado laboral y sus mecanismos; y la segunda, afrontar la reforma de las pensiones.
En cuanto a las pensiones, resulta difícil definir lo indefinido: habrá que esperar a que nos desvelen el velo de Isis y podamos intentar evaluar la sostenibilidad del sistema. No cabe achacar al ministro Escrivá ambivalencia: desde que era director de la AIREF, su tesis (contrariamente a las de FEDEA, por ejemplo, que propugnaba el cambio sustancial del sistema) es que había que alargar la edad de jubilación. Si encima ahora las pensiones se ligan al IPC, cuando la inflación alcanza su nivel más alto en treinta años, prepárense para ir a trabajar con el tacataca (luego les pagarán más, pero tendrán menos tiempo para disfrutarlo); o, parafraseando aquella película de Woody Allen, si se lo pueden permitir y están a tiempo y en la edad, cojan el dinero y corran, o sea, jubílense.
En el ámbito laboral la iniciativa del Gobierno para cumplir las exigencias de la Unión Europea es típica de los planteamientos planificadores tan queridos en su línea ideológica: crear una nueva agencia estatal de empleo. La razón por la cual la agencia actual, el SEPE, no puede desempeñar las funciones que ahora se enuncian y hace falta crear otra agencia más, sinceramente se me escapa, será porque lo nuevo vende. Según la información difundida por el Gobierno cada parado recibirá, al menos, una oferta de trabajo (para participar en una concurrencia, se supone, porque si es una oferta firme en 2023 habríamos acabado con el paro). Ya se verá cómo la nueva agencia afectará a los servicios de empleo de las Comunidades Autónomas y a los portales privados de empleo, estén atentos al BOE, por no hablar de qué se hará con la normativa laboral. Lo único que está claro es que se creará más empleo público, hasta siete mil personas para trabajar como tutores: esto no es novedoso, España es el país de la Unión Europea que más empleo público ha creado en los últimos años, en términos relativos respecto al empleo privado creado. Se dice, además, que como la nueva agencia se financiará con fondos europeos no costará nada, lo cual no es cierto porque el dinero tiene usos alternativos y su finalidad, en este caso, no es aplicarlo a estructuras administrativas, sino a la economía productiva; es decir, los gastos debieran ser adicionales y centrarse en el ámbito empresarial.
Entretanto, en Asturias, a punto de bajar del millón de habitantes, nos tocará hacer nuestra parte del trabajo con los fondos europeos, esperando que no vuelva a ocurrir como con los fondos mineros que, en lugar de dedicarse a su finalidad (dinamizar la actividad económica, atraer nuevas empresas, fomentar la innovación y generar empleo), se utilizaron para hacer infraestructuras, en muchos casos innecesarias o redundantes, y para embellecer parques, sendas y rutas. No sería esta mala ocasión para afrontar la reforma del sector público autonómico, muchos de cuyos organismos y entes son deficitarios o ineficientes para la finalidad que se crearon. Convendría explorar la posibilidad de devolver algunas actividades al ámbito privado (conservando las potestades administrativas y las competencias de regulación e inspección), a semejanza de los países escandinavos en los que se actúa de este modo y en los que, por cierto, los impuestos de patrimonio y sucesiones están suprimidos, pero se vigilan en extremo los gastos públicos.
Los fondos europeos son cuantiosos, pero los datos, si no motivo de preocupación, deben ser motivo de alerta en un asunto que será difícil que admita segundas oportunidades. En los últimos cinco años, España solo ha sido capaz de ejecutar treinta y nueve mil millones de euros sobre un total de cincuenta mil millones de fondos estructurales europeos concedidos; ahora deben ejecutarse en menos tiempo más de cien mil millones (fondos estructurales y de resiliencia). Será mejor que funcione, que se apliquen bien y que seamos capaces de gestionarlos, porque si no las consecuencias sociales, políticas y económicas serán impredecibles. Refería el papa Ratzinger en su libro “Introducción al cristianismo” la parábola de Kierkegaard: un payaso alertaba en su actuación en un pueblo que el circo estaba ardiendo; todos lo tomaron como una broma del espectáculo y el pueblo entero fue pasto de las llamas; la conclusión era que no tomar en serio las advertencias, aunque nos resulten dudosas por su procedencia, no suele ser una prueba de cordura, sino de insensatez.
