El pasado 22 de diciembre, días antes del inicio de las fiestas navideñas, la Comisión publicaba un nuevo paquete de medidas legislativas para combatir la evasión y la elusión fiscal. Quizá por la proximidad con la Nochebuena, la opinión pública europea no se hizo demasiado eco de estas dos nuevas directivas impositivas, perfectamente orientadas hacia la recuperación de nuestra soberanía fiscal, colegiadamente a través de la Unión.
En primer lugar, la Comisión ha traducido el reciente acuerdo del G20/OCDE para establecer una tasa impositiva mínima del 15 por ciento sobre los beneficios de las empresas con una facturación superior a 750 millones de euros. Este acuerdo firmado por más de 130 países debe ser ahora transpuesto en cada una de esas jurisdicciones, y la Unión ha acordado realizar esa adecuación de la norma global a cada uno de nuestros países conjuntamente. Además, la directiva permitirá también que el único país europeo no firmante del pacto, Chipre, deba acomodar su propia regulación al mismo marco internacional.
De este modo, la Comisión inicia ya el camino legislativo para incorporar lo que se ha denominado, Pilar 2, del pacto. Ahora, el Parlamento elaborará rápidamente su propia opinión, respaldando sin dudar la propuesta y fijando la presión sobre el Consejo, que previsiblemente deberá adoptarla en los próximos meses, durante el periodo de la presidencia francesa que acaba de iniciarse a 1 de enero.
En todo caso, quedaría pendiente todavía la adecuación europea del Pilar 1, es decir, del mecanismo acordado para asignar parte de los beneficios de las grandes multinacionales a las jurisdicciones donde efectivamente registran sus ingresos. Este Pilar exigirá algo más de tiempo porque aún hay incertidumbres legales sobre el impacto del propio acuerdo, y fundamentalmente también porque la Comisión desea acomodar esa regulación al desarrollo de recursos propios de la Unión.
En segundo lugar, también a finales de diciembre, la Comisión presentó una nueva directiva también para combatir el fraude fiscal de las empresas “letterbox” o “shell entities”. Este tipo de compañías se reducen a una dirección postal en un país con impuestos muy reducidos, sin trabajadores, ni actividad, ni producción alguna. Simplemente son personas jurídicas que acumulan una serie de activos, inmobiliarios o financieros, que generan rentas que se acumulan en esa entidad sin aflorarlas, por otra parte, en la cuenta de pérdidas y ganancias, con costes supuestos, y donde se esconden buena parte de los patrimonios familiares.
Debemos recordar, de nuevo, que la Unión no tiene competencias tributarias directas, de modo que la directiva se limita a forzar transparencia y cooperación entre jurisdicciones. En este sentido, obligará a hacer público los impuestos devengados por estas compañías, y permitirá que un Estado exija a otro la elaboración de una auditoria sobre sociedades concretas donde la sospecha del uso fraudulento de los mecanismos tributarios sea razonable. Ciertamente, podría parecer una propuesta demasiado modesta pero los vericuetos legales de la Unión para avanzar en territorios vetados hasta ahora acaban demostrando su eficiencia.
También en el paquete de novedades navideñas, la Comisión presentó el pasado mes una nueva directiva para regular las relaciones laborales de los trabajadores de plataforma. La propuesta va en línea con la reciente ley aprobada en nuestro país pero, más allá del fondo de la directiva, querría destacar el esfuerzo de la Unión para comenzar a legislar también sobre asuntos laborales, donde la percha de los Tratados no es muy cómoda.
Y, por último, y casi unas pocas horas antes de tomar las uvas de Nochevieja, la Comisión se descolgó con la filtración de un “acto delegado” (una especie de orden ministerial en España que necesita la ratificación de Parlamento y Consejo, aunque no se puede enmendar, y que desarrolla alguna norma establecida en una directiva o un reglamento por los colegisladores) sobre el papel del gas y la energía nuclear en el periodo de transición hacia la neutralidad climática. La propuesta, aún no formalizada, ya ha hecho correr ríos de tinta en toda Europa. Hablaremos sobre ella otro día.
¡Ah! ¡y qué no les pase desapercibida la situación de Kazajistán, mientras Rusia acumula más de 100.000 soldados en su frontera con Ucrania!
Atentos.
