Tras dos citaciones fallidas y después de que Sogepsa manifestase desconocer el domicilio de su expresidente, a la tercera ha sido posible notificarle su citación en calidad de investigado por la Fiscalía para declarar en el Juzgado de Instrucción número 4 de Avilés.
Con la información y documentación trasladada por particulares a la Fiscalía Anticorrupción, esta acordó en su momento la presentación de denuncia contra todos los miembros del Consejo de Administración de Sogepsa y/o Comisión Ejecutiva de Sogepsa desde el 2007 por un presunto delito societario, correspondiendo al citado Juzgado incoar las correspondientes diligencias previas en averiguación de los hechos denunciados.
El presunto delito societario deriva de la venta de parcelas por Sogepsa a terceros privados, alguno socio también de Sogepsa, a precio prácticamente de coste, renunciando esta sociedad público-privada a los beneficios del Proyecto de la Magdalena que en su calidad de promotor y urbanizador de los terrenos le correspondían.
Del propio expediente de expropiación, elaborado por Sogepsa, unido al informe del perito judicial solicitado por el TSJA, al BOPA y a un informe de Sogepsa remitido al extinto Ministerio de la Vivienda para solicitar una subvención que se había ocultado en el expediente de expropiación, se estima que el beneficio del Proyecto de la Magdalena, desarrollado por Sogepsa y constructores privados, era de 59.875 euros/vivienda. Y atendiendo a las inversiones realizadas por Sogepsa y por el sector privado, a Sogepsa le correspondería un beneficio de 26.345 euros/vivienda, y el resto al sector privado
La realidad ha sido bien distinta. El informe de auditoría solicitado por la Junta General, a instancias de algunos grupos parlamentarios, a los que se había informado de las presuntas irregularidades, ha venido a arrojar luz a las operaciones de venta de parcelas a dedo.
En el mismo, y partiendo de la propia contabilidad de Sogepsa, el beneficio medio por vivienda ha sido de unos irrisorios 94 euros/vivienda, bien alejados de los 26.345 euros/vivienda previstos inicialmente. Este presunto perjuicio patrimonial o pérdida de beneficio de Sogepsa, que se estima, para las 413 viviendas construidas, en unos 11 millones de euros en total, es el núcleo central de lo denunciado y el objeto de la averiguación encargada por la Fiscalía al Juzgado de Instrucción.
Y sobre esto, precisamente, giraban las preguntas de las acusaciones, particular y popular , que el señor Buendía, expresidente de Sogepsa, no ha permitido formular a los abogados de la acusación acogiéndose a su derecho a no contestar a los mismos.
Ha tenido el señor Buendía la oportunidad de rebatir y aclarar a las acusaciones la denuncia del presunto delito societario de Sogepsa. Pero ha optado por guardar silencio, al igual que había hecho anteriormente cuanto las denuncias similares llegaron a la mesa de su despacho en el año 2011. Tampoco debe pasar desapercibido que públicamente se posicionó, en 2010, en contra de que la Sindicatura de Cuentas del Principado fiscalizase la gestión de Sogepsa. Por tanto, en este sentido nada nuevo: en lugar de explicar, se guarda silencio.
Por ello, seguimos desconociendo sus fundamentos y criterios para fijar el precio de venta de las parcelas, las razones de esa presunta renuncia de los beneficios en favor de terceros, las razones por las que se adjudicaban parcelas a socios de Sogepsa y se denegaban a quien solicitó su compra ante notario, así como quién intervenía y cuál era el proceso para determinar cómo se admitían y rechazaban a los interesados en comprar parcelas, y otros muchos interrogantes sobre la gestión de venta de las parcelas.
Pero lo que sí conocemos, es que el beneficio real, según informe de auditoría, fue de 94 euros/vivienda para Sogepsa. Y esto debe ser muy difícil de explicar, sobre todo teniendo en cuenta que por el mecanismo de reparto de beneficios del proyecto lo que dejaba de ganar Sogepsa se convertía en beneficio de los compradores de las parcelas, y que para las parcelas sobre las que se han edificado 413 viviendas este “juego de suma cero” –lo que uno deja de ganar lo gana otro– ha sido del orden de 11 millones de euros.
Lo anterior es el núcleo central de lo que la Fiscalía ha calificado como presunto delito societario y sobre el que el Juzgado de Instrucción número 4 de Avilés está incoando las correspondientes diligencias y averiguación de los hechos. Quedan por declarar, aproximadamente, unos cincuenta consejeros de Sogepsa, de los que el señor Buendía ha sido el primer citado. Esperemos que los siguientes contribuyan a la averiguación de los hechos y que a lo largo del proceso judicial sea posible preguntar para que los investigados tengan la oportunidad de explicar los hechos concretos del presunto delito societario.
En 2014, la Comisión Europea abrió expediente de infracción a España por la adjudicación a dedo a Sogepsa por parte del Principado de terrenos expropiados, por vulnerar las directivas comunitarias de transparencia, publicidad y concurrencia competitiva. Ahora queda por aclarar en sede judicial el perjuicio patrimonial en la adjudicación de las parcelas por parte de Sogepsa a los constructores; algunos de ellos, a su vez, socios de Sogepsa.
