José M. Villarejo es un empresario madrileño que ejercía como comisario de policía. Operaba y opera en negocios inmobiliarios, hoteleros, de consultoría, sanidad... Y tiene agencias de detectives, participaciones en medios de comunicación y un instituto de práctica jurídica Schola Iuris que le reportaron pingües beneficios. También una asociacion Transparencia y Justicia que se persona en casos judiciales de su interés, como el Lezo.
Su trabajo como policía era un activo imprescindible para la buena marcha de muchos de sus negocios. Los datos e informaciones, que recababa “a bajo coste” en ámbitos policiales, le reportaban interesantes plusvalías en sus prácticas privadas. Es decir, querido lector, usted y yo pagábamos con nuestros impuestos la seguridad pública de la que él extraía informaciones para su exclusivo lucro personal. Todo ello presuntamente, por supuesto, hasta que jueces y fiscales culminen las numerosas causas en las que aparece como investigado.
En el Ibex-35 encontró buenos clientes, solventes, de los que pagan en tiempo y forma. Más de una presidencia empresarial le debe el sillón que actualmente ocupa y algunos recientes jubilados el haber completado su recorrido laboral sin desagradables sobresaltos judiciales.
Las primeras denuncias sobre sus presuntas actividades delictivas, llegaron por parte del responsable de “asuntos internos” de la policía: Martín Blas, persona de total confianza del PP. Lo único que consiguió fue que lo cesaran a él. La posterior y decidida intervención del CNI, bajo la dirección de Soraya Sáez de Santamaría –adversaria interna de Cospedal, con la que tan bien se llevaba Villarejo– inició su agonía.
Durante el mandato de Mariano Rajoy su influencia, en el Ministerio de Interior, creció como la espuma. Seguramente por su especial protagonismo en la denominada “policía política”. En 2017, como portavoz de Interior del grupo socialista conseguí que se aprobara en el Congreso una Comisión de Investigación sobre la misma. Concluyó contundentemente:”En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernandez del Díaz (…), se creó una estructura policial, con el conocimiento y el consentimiento del Ministro, destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP y al seguimiento, la investigación y en su caso, la persecución de adversarios políticos(…)”.
La primera actividad documentada de la misma, la llevaron a cabo los comisarios Villarejo y Olivera (imputado en el caso Kitchen y gestor de seguridad de nuestra Federación de Fútbol). Los mismos fueron a Barcelona a ofrecer sus servicios a los fiscales del caso Millet, a espaldas del juez. Sus obligaciones policiales nada tenían que ver con la cuestión. Se elevaron protestas al Fiscal General del Estado y este trasladó al Gobierno de Rajoy, que lo había nombrado, una queja por tal desatino. Estábamos ante uno de los primeros capítulos de lo que se denominó “Operación Cataluña”, contra políticos independentistas.
La pasada semana, Villarejo, en otra maniobra judicial de distracción, vinculó, sin aportar prueba alguna, al imán y supuesto instigador de los ataques yihadistas en Barcelona y Cambrils, de 2017, con el CNI y la mencionada “Operación Cataluña”. No les faltó tiempo a políticos independentistas, a los que espió y contra los que confabuló, para exigir una comisión de investigación en el Congreso español.
Gabriel Rufián o el el conseller de Interior catalán, Joan Ignasi Elena, deberían leer más a Joaquín Luna: “Hay que estar muy desesperado para dar crédito a Villarejo”.
