Han coincidido casi en el tiempo la disparatada polémica sobre las palabras del ministro Alberto Garzón en contra de las macrogranjas y la noticia del proyecto de las derechas de legalizar 1.461 hectáreas de invernaderos próximos a Doñana.
Está visto que a las derechas –ya se llamen Partido Popular, Vox o Ciudadanos– parece importarles poco el legado medioambiental que dejará nuestra generación a las que nos sucedan. Lo único que les importa son los beneficios inmediatos. Y cuantos más, mejor.
Primero atacaron al ministro del Consumo por defender que la gente coma menos carne en beneficio tanto de la salud individual como del medio ambiente, y todos se le echaron encima: incluso el presidente del Gobierno de coalición, el socialista Pedro Sánchez.
Ahora, una entrevista del mismo Garzón a un diario británico en las que diferenciaba claramente entre la mejor calidad de la carne de la ganadería extensiva frente a la de las macrogranjas han degenerado en una insensata polémica nacional.
Y todo ello por interés electoral de las derechas, que acusan al ministro comunista de antipatriota por poner en duda la calidad de nuestras exportaciones cárnicas cuando ha sido precisamente el revuelo organizado por el PP el que ha dado aire a unas declaraciones que habrían pasado normalmente casi inadvertidas.
Y en lugar de defender al Ministro, que no hizo más que expresar algo evidente –el estrés que generan en los animales ese tipo de granjas y que influye en la calidad de la carne, y el enorme daño para el medio ambiente, emisiones de gas metano y contaminación de las aguas–, sus compañeros de Gobierno socialistas, presos de un absurdo pánico electoral, le dejaron a los pies de los caballos.
Como ha dicho con razón el ministro de Consumo, “compraron el marco” de una derecha que relativiza, cuando no niega directamente, el cambio climático y a la que sólo parece interesarle el beneficio electoral inmediato que puedan reportarle sus ataques indiscriminados al “Gobierno social-comunista”.
Algo parecido ocurre con el proyecto de legalizar unos invernaderos de fresas cuyos propietarios se han dedicado a la extracción ilegal para el regadío de las aguas del subsuelo próximo al espacio protegido del parque de Doñana, que están dejando casi seco.
La intención del PP, Ciudadanos y la ultraderecha de Vox va en contra de la dirección que marca una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que el pasado junio condenó a nuestro país por no haber puesto fin al saqueo de los invernaderos clandestinos.
Como en el caso de la carne, las exportaciones de fruta a los países de la Unión Europea generan ingresos millonarios para unos pocos a cambio de la destrucción del medio ambiente, las famosas “externalidades”, cuyo coste acabarán pagando todos los ciudadanos.
Y si, como en su defensa argumentan demagógicamente las derechas, esos invernaderos generan empleo, es sobre todo para los inmigrantes marroquíes o de la Europa del Este, mano de obra explotada que viene a la cosecha año tras año.
Mejor harían nuestros agricultores y ganaderos cuidando la calidad de sus productos –por ejemplo, intensificando la producción ecológica, que es la que más prometedor futuro tiene en Europa–, y es precisamente eso en lo que debería centrarse un Gobierno declaradamente progresista. De las derechas, mejor no hablar.
