Un Gobierno que no es de fiar. Esa es la principal conclusión que podemos extraer de la ocultación del informe jurídico sobre la implantación de la oficialidad de asturiano que hemos conocido esta semana.
Hoy ya tenemos varias certezas y muchas dudas. Respecto a lo que sí sabemos, gracias al trabajo del Grupo Parlamentario Popular y a la labor de los medios de comunicación es que el Gobierno escondió en un cajón durante más de un año un informe, que él mismo encargó, porque echaba por tierra su versión de la oficialidad ‘amable’.
La segunda certeza es que el Gobierno mintió en una comunicación oficial a la Junta General del Principado al negar la existencia de dicho informe o de cualquier otro relativo a las consecuencias de la declaración de la llingua como lengua cooficial. Hoy ya sabemos que al menos existen otros dos informes que no se han hecho públicos.
La tercera, que el Gobierno, pese a hurtar a la opinión pública conocer el informe, sí se lo entregó por el contrario a la Federación Socialista Asturiana, pese a que los casi 20.000 euros que costó, los pagamos todos los asturianos.
La cuarta, que impidió que los autores del documento pudieran explicarlo a los asturianos para que todos, detractores y defensores de la oficialidad, pudiéramos conocer el alcance de su implantación.
Si todo esto es ya de por sí grave e inhabilita políticamente al Gobierno, las declaraciones del presidente del Principado, Adrián Barbón, son aún más censurables.
O bien el presidente miente, o bien es negligente e irresponsable.
Resulta difícil creer que desconociera el documento cuando él mismo se ha encargado de asegurar que no se hizo público porque no encajaba con su imposible modelo de oficialidad. En cualquier caso, su deber es conocer el alcance de sus decisiones porque afectan a un millón de asturianos. Negligente.
Si como todo hace sospechar conocía el informe; ¿No confía en el criterio de los juristas que su propio Gobierno contrató por ser los mejores en su campo?
Si es así, es muy preocupante. Estaríamos en manos de un gobernante soberbio que toma decisiones al margen del criterio de los expertos. Un presidente irresponsable.
El Partido Popular exigirá que se aclaren todas estas cuestiones. Y lo haremos donde se deben dar las explicaciones. En el Parlamento de todos los asturianos.
El presidente ha intentado estafar a los asturianos. A todos. Quiso hacernos firmar un contrato ocultándonos la letra pequeña, que en este caso es mayúscula. Merecemos saber la verdad.
Lo que nos jugamos es mucho. Más allá del gasto económico de la implantación de la oficialidad, lo que se debate es la imposición a todos los asturianos de unos deberes. Y de hacerlo, a través del engaño.
