Si se quiere tener un conocimiento adecuado de los perfiles de una determinada economía es necesario ir más allá del comentario sobre la evolución de los últimos datos trimestrales o anuales –lo que el Nobel en Economía, Paul Krugman, denominó “la economía del sube y baja”–, y centrarse en el análisis del comportamiento a largo plazo de las variables económicas. Si se aplica este criterio a la economía asturiana se pueden destacan tres singularidades que, entre otras, caracterizan su evolución en las dos últimas décadas.
La paradoja del ingreso medio. Según la Contabilidad Regional de España, Asturias, a pesar de tener la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) más baja de las comunidades autónomas durante el periodo 2000-2019 y partiendo de un ingreso medio relativamente bajo, sin embargo, a lo largo de dicho periodo ha experimentado, en términos de PIB por habitante, un acercamiento a la media española: pasó de representar un 84 por ciento en el año 2000 a un 88 por ciento en 2019. Es decir, se produjo un avance de 4 puntos porcentuales a pesar de que la tasa de crecimiento del PIB en Asturias durante el mencionado periodo se situó 17 puntos porcentuales por debajo de la registrada por el conjunto de la economía española.
La explicación de este proceso resulta relativamente sencilla si se recurre a razonar en términos de la regla de tres compuesta que se impartía en las escuelas de primaria de mi época. Así, para diseccionar la evolución del PIB por habitante nos enfrentamos a un mero problema de divisiones y multiplicaciones, pues esta popular variable económica es el resultado del comportamiento de dos factores. Uno sería la cantidad de bienes y servicios que produce cada trabajador, es decir el PIB por ocupado, que mide la productividad laboral y que se suele denominar productividad aparente del trabajo. El otro factor sería la proporción de la población que está ocupada en tareas productivas. En definitiva, si multiplicamos lo que produce cada trabajador por el número total de ocupados obtendríamos el PIB y si éste lo dividimos por la población obtendríamos el PIB por habitante. Esto es lo mismo que decir que el PIB por habitante es el resultado de multiplicar la productividad por ocupado por la proporción de la población que está trabajando. Así pues, y como cuestión de pura aritmética, sólo hay dos formas de aumentar el ingreso medio: incrementando la productividad de manera que cada trabajador produzca más y/o que trabaje una proporción mayor de la población. Por tanto, el aumento del PIB por habitante dependerá del comportamiento que registren estos dos componentes.
Entre 2000 y 2019, el PIB experimentó un incremento del 19 por ciento en Asturias y un 37 por ciento en España. Sin embargo, en ese mismo periodo, el PIB por habitante en Asturias aumentó un 23 por ciento debido a un aumento del 8 por ciento de la productividad laboral y a un incremento del 14 por ciento en la proporción de la población que está ocupada, puesto que el empleo creció un 9 por ciento mientras que la población asturiana se redujo casi un 5 por ciento. En cambio, el conjunto de la economía española experimentó un aumento del PIB per cápita del 17 por ciento –6 puntos porcentuales menos que el registrado por Asturias–, pues si bien la productividad se incrementó en un 12 por ciento –4 puntos porcentuales más que en Asturias–, la proporción de la población que trabaja solamente aumentó un 4 por ciento –10 puntos porcentuales menos que en Asturias–, consecuencia de que el empleo creció un 21 por ciento –12 puntos porcentuales más que en Asturias–, mientras que la población española aumentó un 17 por ciento, frente a una reducción del 5 por ciento en Asturias. Así pues, un crecimiento de 17 puntos porcentuales menos del PIB en Asturias que en España arroja, por el contrario, un crecimiento de 6 puntos porcentuales más en términos de PIB por habitante en Asturias, como consecuencia fundamentalmente del diferente comportamiento que ha tenido la evolución de la población en ambos territorios.
Las pensiones como plus de la renta disponible. La renta regional viene dada por la retribución obtenida por los factores de producción –trabajo y capital– como consecuencia de su participación en el proceso productivo. Sin embargo, esta distribución primaria de la renta está sometida a diferentes operaciones de redistribución. Básicamente, se ve minorada por el pago de impuestos directos y cotizaciones sociales que realizan trabajadores y empresas e incrementada por el saldo de transferencias y prestaciones sociales recibidas. Del resultado de estas operaciones se obtendría la renta disponible de las familias, que se destina al consumo y al ahorro. Así pues, entre el nivel de renta primaria y la cuantía de la renta disponible existen diferencias que pueden llegar a ser significativas y que en casos como el de Asturias arrojan resultados claramente diferenciados entre el nivel de vida alcanzado y los ingresos que se generan en el proceso productivo.
A pesar de que Asturias fue la comunidad autónoma que registró las tasas de crecimiento del PIB más bajas entre 2000 y 2019, sin embargo la región experimentó en ese mismo período la segunda mayor tasa de incremento de la renta familiar disponible por habitante, superada únicamente por Galicia, situándose 11 puntos porcentuales por encima del crecimiento registrado por el conjunto de la economía española. Como consecuencia de ello, durante el citado período el indicador asturiano de la renta disponible por habitante con respecto a la media española pasó del 74 al 98 por ciento, lo que significa un incremento de 24 puntos porcentuales. Este dato pone de manifiesto la gran importancia que los mecanismos de redistribución de la renta tienen en la economía asturiana y en sus niveles de bienestar.
En 2002, la renta familiar disponible por habitante era un 15 por ciento superior a la renta primaria per cápita de ese año. Sin embargo, en 2018 –última referencia publicada por SADEI–, esta ratio ha pasado a ser de un 25 por ciento. En otras palabras, los asturianos disponemos de un 25 por ciento más de ingresos para el consumo y el ahorro con relación a la renta que obtenemos de la actividad productiva desarrollada en la región. Y esa mayor disposición de ingresos se debe fundamentalmente a la importancia creciente en Asturias de las prestaciones del sistema público contributivo de la Seguridad Social, ya que el pago de pensiones equivale a una cuarta parte del monto de la renta disponible asturiana, y cabe señalar que la importancia de esta partida no ha dejado de crecer durante los últimos años: pasó de significar un 19 por ciento en 2006 a un 25 por ciento en 2018. Asturias es la región con mayor proporción de beneficiarios del sistema contributivo de pensiones en relación a la población: un 29 por ciento, superando en casi 9 puntos porcentuales a la ratio de la media española, y registra la segunda pensión media más elevada de España, sólo superada por la del País Vasco.
El empleo público como base de la nueva ocupación. Según la Encuesta de Población Activa, entre los años 2002 y 2020 la ocupación en Asturias se incrementó sólo en 7.100 empleos (2 por ciento), producto de la combinación de una reducción del empleo masculino en 3.000 ocupados (-16 por ciento) y un incremento de 19.200 empleos (+32 por ciento) en la ocupación femenina. Sin embargo, durante ese período se han producido comportamientos claramente diferenciados en la evolución del empleo asalariado en el sector público y en el privado. En el primer caso, entre 2002 y 2020, se ha producido un aumento de 16.200 empleos públicos, lo que significa un incremento del 24 por ciento con respecto a los niveles de 2002, mientras que el empleo asalariado en el sector privado aumentó en 15.200 ocupados, lo que representa un incremento de sólo el 7 por ciento con respecto a las cifras de 2002. Por otra parte, dentro del sector público, la ocupación masculina ha perdido 3.000 empleados (-8 por ciento), mientras que las mujeres han ganado 19.200 empleos (+64 por ciento). El empleo asalariado en el sector privado experimentó una perdida de 18.300 ocupados masculinos (-13 por ciento) que se compensó con 33.500 nuevos empleos femeninos (+46 por ciento).
En 2020, el sector público regional ocupaba a 83.300 personas, 16.200 ocupados más que en 2002, y su peso relativo se situó en el 22 por ciento del total de ocupados (26 por ciento del total de asalariados), lo que significa 4 puntos porcentuales más que en 2002. Con estas ratios, Asturias es la segunda región española –sólo superada por Extremadura– que más proporción registra de empleo público en relación con el total de población asalariada. Actualmente, en la región casi un tercio de las mujeres que tienen un empleo asalariado están ocupadas en el sector público, frente a poco más de una quinta parte en el caso de los varones. Actualmente el 59 por ciento de los puestos de trabajo del sector público asturiano están ocupados por mujeres.
Como corolario, Asturias durante estas dos primeras décadas del siglo XXI se ha caracterizado por una baja tasa de crecimiento económico, un ritmo insuficiente de creación de empleo, cuyo crecimiento se ha concentrado en el sector público, una perdida de población y un aumento en los niveles de envejecimiento, mientras que las mejoras en la renta disponible se han producido a través de un aumento muy notable de las prestaciones sociales (pago de pensiones, principalmente). Por todo ello, el calificativo más adecuado para la trayectoria seguida por Asturias durante las dos últimas décadas sería el de una región con “respiración económica asistida”. Ante este paisaje económico tan singular me viene a la mente el consejo de Virgilio al desconsolado Dante en las primeras líneas de su famoso Infierno: “Vos debéis tomar otra senda si pretendéis escapar de este paraje desolado”. Y esa nueva senda que debería tomar Asturias tendría que asentarse fundamentalmente sobre tres pilares: fomento de la innovación, mejora de la productividad y aumento de las exportaciones. Perseverando en esa dirección, la Asturias deseable de 2050 –ese es el horizonte temporal del Pacto Verde Europeo– podrá aspirar a combinar los tres objetivos que hace un siglo planteaba John Maynard Keynes: eficiencia económica, justicia social y libertad individual.
