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La Nueva España

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José Antonio Díaz Lago

El duicidio

La crisis del Partido Popular

Suicidio es una palabra que se queda corta para describir lo que pasa. Habría que inventar otra: duicidio, dadas las personas intervinientes, o multicidio, considerando los efectos extensivos que la situación tiene sobre todo el ámbito de influencia de la derecha política. Ya se está señalando, además, que una hecatombe de estas características (que recuerda tanto a lo que ocurrió en Asturias con el presidente Marqués) contamina al conjunto de las instituciones, martilleando otro clavo en la deteriorada imagen de la acción política en España, y puede conllevar migraciones de votos inesperadas, con consecuencias no tan fáciles de prever.

Sobre el fondo de la cuestión se ha dicho que puede obedecer a un problema de celopatía, con las elecciones de Castilla León como fondo, porque se convocaron para ganarlas de forma sobrada y se convirtieron en victoria pírrica. Si así fuera, igual sería conveniente revisar los principios, porque las victorias pírricas no dejan de ser victorias y son normalmente las decisiones posteriores las que las estropean, de lo que este mismo caso actual puede ser buena prueba. Personalmente soy un entusiasta de las victorias pírricas, los pequeños logros, que sumados pueden acabar variando las trayectorias si hay el tesón y la paciencia suficientes: Arnold Bennett lo explicaba de forma elocuente en su obra “Como vivir un día de veinticuatro horas” que tiene más de un siglo y que es, probablemente, el mejor libro de autoayuda y de psicología social que se haya escrito nunca.

Otra versión señala que lo que ocurre es que la pulcritud extrema en los comportamientos debe ser el santo y seña de la actuación de los responsables públicos y cualquier conducta que se aparte de esta manera de proceder debe ser castigada. Es ahí donde aparece la ley del embudo y la habitual consigna, tan reiterada en la política española, de denigrar los comportamientos ajenos y disculpar los propios con excusas variopintas. Lo que nunca había ocurrido, que yo recuerde, es que una formación política aplique la ley del embudo al revés, es decir que se ponga más énfasis en los comportamientos propios presuntamente inadecuados que en los ajenos, que es lo que parece haber ocurrido en este caso: por este camino difícilmente se ganarán elecciones, pero quizá algunos tengan mayores aspiraciones y estén pensando más bien en ganarse el cielo; ya se sabe que el camino a la santidad no es fácil y está empedrado de tentaciones y sacrificios.

La cuestión es cómo se mide esa pulcritud extrema para evitar subjetividades, los consabidos “y tú más”, los hipócritas rasgamientos de vestiduras y el aprovechamiento obsceno de la situación, como si esto fuera una juerga, que ya se han empezado a practicar por algunas formaciones políticas del arco ideológico contrario a los protagonistas de esta historia. Así, responsables políticos y comentaristas diversos, que han incurrido o que han disculpado comportamientos no solo amorales, sino ilegales, porque implicaban a los de su cuerda (con casos bien actuales que incluyen imputaciones judiciales) se suman gozosos al escarnio y humillación pública del principal partido de la derecha en España. Hay que reconocer, sin embargo, que es una situación autoinfligida, por razones que quienes las han provocado conocerán, pero que no se han transmitido de modo convincente.

Buscando un listón similar al de las victorias escuálidas, creo que si lo ponemos en el cumplimento de la legalidad podremos caminar bastante bien por el proceloso océano de la gestión de los fondos públicos. Por eso, yo me conformo, modestamente, con el respeto a la legalidad vigente, dejando para quienes aspiren a la santificación el escalado de cotas más altas. La ventaja de tener un listón objetivo es que no puede manipularse: o hay legalidad o no la hay; si se ha infringido la legalidad los responsables deben pagar las consecuencias sin excusa ni demora alguna y si la legalidad se ha respetado es mejor pasar a otra cosa, aunque en este último caso quienes deben afrontar las consecuencias son los que han promovido el debate sin una base suficientemente sólida.

En “Los enemigos del Comercio”, Escohotado recoge una frase escalofriante del presidente del Tribunal Supremo de la Unión Soviética: “debemos congratularnos por un desplazamiento desde la vigencia de normas generales a una vigencia de decisiones e instrucciones administrativas”. Más claro agua, lo que quiere decir es que las normas no pueden ser un impedimento para que quienes están al mando decidan y ejecuten lo que les parezca oportuno, según sus propios criterios, intenciones o valores: el paroxismo de los planteamientos autoritarios. Situaciones como las vividas estos días y como las que en general se suscitan continuamente desde posiciones políticas interesadas propician una ceremonia de la confusión en la que uno no sabe a que carta quedarse, tendiendo a lo fácil: juzgar según los prejuicios preexistentes que todos tenemos. Por eso no es poco logro conformarse con un marco objetivo de análisis, que es el que propicia un entorno legislativo determinado y su cumplimiento estricto: ni más ni menos. Ignorarlo es caer en el ventajismo político y el sectarismo, lo que ya advertía Ortega: “el totalitarismo tiene alternativas viables y el cisma de izquierda y derecha constituye lo más parecido a una hemiplejía moral”.

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