El “Washington Post” avanzó a finales de enero la firme determinación que animaba a Putin a invadir Ucrania. La respuesta del gobierno de Zelenski fue denigrar al rotativo estadounidense, por practicar la “desinformación deliberada”. No se trata de acusar a Kiev de miopía, sino de recordar que el fake depende del color del cristal con el que se mira. De ahí la importancia de que el mercado de las ideas sea robusto y, por qué no, desenfadado. La censura del canal Russia Today o RT por la Unión Europea es por tanto una pésima noticia. Basta con recordar que es una televisión del Kremlin, porque sus tuits del estilo de “Gazprom: Todo el gas bombeado en verano a los depósitos de Europa se ha agotado” no poseen un potencial delictivo, que en todo caso puede perseguirse por los canales judiciales de guardia.
La prohibición de RT debería extenderse a censurar opiniones disidentes sobre la agresión de Rusia a Ucrania, como la expresada por Juan Manuel de Prada en “Abc”, donde recuerda a los “medios de cretinización de masas” que “la amputación de Ucrania es para Rusia tan dolorosa como lo sería la amputación de Cataluña para España”. Los criterios editoriales de la UE obligarían tal vez a cerrar el periódico entero. En una circunstancia igualmente dramática, cuando el juez Baltasar Garzón clausuró el diario “Egin” por considerarlo parte del “entramado” de ETA, el nada sospechoso Luis María Ansón se alzó para recordar que “los periódicos no se cierran”.
Los fact checkers, los centinelas de la pureza y los cazadores de fakes son más peligrosos que los periodistas mentirosos. La premisa de su fundamentalismo consiste en que la opinión pública es tonta, pero cuenta por suerte con unos vigías privilegiados que la iluminan. Es decir, al contrario de lo que ha ocurrido con la agresión rusa, denunciada por el consenso de la población ante la abulia de las autoridades. En cuanto a la persecución de la desinformación, puede conducir a cancelar al “New York Times” por sostener que Sadam tenía armas de destrucción masiva. ¿Y cuál es el castigo a aplicar a quienes durante décadas encubrieron el comportamiento poco ejemplar de Juan Carlos I?
