Como efecto colateral, la emergencia energética abierta en Europa a partir de la guerra en Ucrania ha favorecido que se abran paso las tesis de España a favor de una reforma del mercado eléctrico que permita desacoplar el precio de la electricidad de la desorbitada cotización del gas.
Hasta ahora, venían cayendo en el saco del desdén las reiteradas propuestas de España para acabar con el sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad. Este modelo lleva a que cuando las centrales de ciclo combinado (las más caras y, por ello, las últimas en entrar en el sistema) incorporan su energía al sistema eléctrico se acabe remunerando a precio de gas el resto de tecnologías previas más baratas (como la nuclear y renovables). Son los llamados beneficios caídos del cielo.
A España le apretaba más el zapato de los precios que a otros grandes socios europeos que siempre encontraban en el respeto “al mercado” el argumento para vetar una intervención en los precios o un cambio en este sistema marginalista, por el que toda la producción se retribuye al precio de la última energía que entra en el sistema, la más cara.
Ahora, como dice la vicepresidenta Teresa Ribera el mercado está roto. La señal de precios que envía el desorbitado mercado del gas nada tiene que ver con los costes de producción del resto de las tecnologías eléctricas. Los consumidores españoles no pueden más; pero los europeos, tampoco.
Alemania y los países del norte que hacían caso omiso a las propuestas de España, Francia, Grecia, Rumania o Chequia sufren ahora por el riesgo de desabastecimiento de la energía procedente de Rusia. Ahora el zapato aprieta más en el norte. A España no le importaría demasiado poner fin al suministro energético de Rusia que requeriría el momento bélico, pero Alemania no puede, está en cuerda floja. Ahora sí se hace ineludible la intervención del mercado y a España se le ha abierto la brecha por la que hacer avanzar sus propias tesis. Es una cuestión de equilibrios.
