La invasión de Putin sobre Ucrania parece evolucionar con notables problemas para el autócrata ruso. Ciertamente, no hay peor situación que la que está viviendo el pueblo ucraniano, pero su resistencia, que permitió a su vez el diseño de una amplia agenda de sanciones de Occidente, está trastocando los planes del Kremlin para llevar a cabo una ocupación rápida. En todo caso, y aun clarificando que los mayores costes de esa operación militar los está pagando la ciudadanía ucraniana, es probable que la Unión Europea haya entrado en recesión técnica, paralizando la recuperación post-covid y abriendo nuevos interrogantes sobre el futuro. Cabe subrayar que estos costes económicos son quizá los más livianos para la ciudadanía de la Unión, habida cuenta que esa ocupación sin respuesta de Occidente podría abrir la puerta a otras operaciones futuras. Pero, con todo, esos costes están ahí y los sufrimos cada día en el precio de la energía y, probablemente, muy pronto en otros bienes que importábamos tanto de Ucrania como de Rusia. Y debemos, pues, buscar los métodos para minimizarlos y redistribuirlos equitativamente.
En estos momentos, observamos ya el notable incremento de los precios del gas, con impacto complementario sobre la energía eléctrica, y en el resto de combustibles fósiles. Hasta la invasión de Ucrania, la decisión de Putin de reducir sus exportaciones de gas a Europa desde el verano ya estaba tensionando los precios. Ahora bien, hace apenas unas semanas creíamos que ese repunte sería temporal, quizá hasta la primavera, y en ese caso confiábamos en que no se repercutieran en el conjunto de precios de nuestras economías, tampoco en los niveles salariales o en los márgenes empresariales. Se trataba de una tensión puntual, que se sumaba a otros problemas de cuellos de botella en la oferta derivados del distinto ritmo de recuperación entre las economías desarrolladas y las que lo están menos, y desacoples en el comercio internacional marítimo. De este modo, la inflación sería temporal y el Banco Central Europeo tampoco debería sobreactuar, permitiendo así acomodar la política monetaria a la recuperación económica.
Sin embargo, la invasión ha cambiado por completo este escenario. Por una parte, las sanciones actuales y las que están por venir, así como el aislamiento político y económico de Rusia, apuntan al mantenimiento a medio plazo de precios energéticos elevados. Además, los planes europeos para reducir la dependencia energética de Putin elevarán nuestra seguridad, aunque también habrá que pagar un peaje por ello. La evolución de la guerra es impredecible pero el desacople de nuestra economía respecto de Rusia mantendrá los precios energéticos en niveles elevados o aun mayores, en los peores escenarios militares. Así las cosas, hay que prepararse para una travesía larga.
En este sentido, hay quienes están proponiendo reducciones de impuestos para minimizar el impacto de esos precios en la economía. Esta opción, de alguna manera puesta en práctica tras el primer shock del petróleo de los 70, supone transferir a los presupuestos públicos todo el coste social, aunque, ahora bien, esa opción elimina los incentivos para que los agentes económicos reordenen sus comportamientos ante la escasez. Ocultar las señales de los precios puede ser una respuesta óptima si el shock es transitorio pero ante cambios estructurales solo pospone e incrementa notablemente los problemas, como vimos también con las crisis industriales una década después de las crisis del petróleo. Así pues, aun cuando se pueda suavizar el impacto vía reducción de impuestos de los elevados precios energéticos, no es recomendable hacerlos invisibles. La respuesta necesaria es arbitrar mecanismos de compensación para los hogares y las empresas más afectadas pero manteniendo, aunque se puedan modular, las señales de los precios.
Por otra parte, es vital cortocircuitar la traslación de los costes del gas al conjunto del sistema eléctrico. El modelo de mercado eléctrico ya estaba dando síntomas de agotamiento ante el despliegue de las energías renovables, con costes variables cercanos a cero. Pero, en la actual situación, su reforma es ya imprescindible. No es sencillo encontrar un mecanismo de retribución alternativo para la energía eléctrica generada con gas, y no se debería acudir a modelos no competitivos. Sin embargo, su deslinde del conjunto del modelo eléctrico es ya urgente ante los extraordinarios problemas que podríamos sufrir si no se toman decisiones ya.
Por último, a nivel comunitario, se está discutiendo también el diseño de un nuevo instrumento o la adaptación parcial del Next Generation EU para avanzar más rápido en la transición energética e invertir a corto plazo en proyectos que reduzcan ya nuestra dependencia del gas ruso.
En fin, la guerra de Putin no nos saldrá gratis a los ciudadanos y ciudadanas de la UE, aunque, obviamente, la peor consecuencia es la crisis humanitaria que está sufriendo el pueblo ucraniano. La Unión ha comenzado a sufrir las consecuencias económicas, de la invasión y de nuestras propias sanciones. La respuesta comunitaria está siendo por el momento rápida y eficaz pero debemos ahora estudiar las vías para minimizar su impacto y atender a una justa redistribución de los esfuerzos. Adelante.
