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Un entorno amable para la revitalización de Asturias

¿Creen los asturianos en el futuro de su tierra? No es una pregunta retórica sino una cuestión que debería inspirar –ahora que remite la emergencia sanitaria derivada de la pandemia– una reflexión colectiva por parte de la sociedad civil y de la clase política sobre las perspectivas de desarrollo socioeconómico del Principado.

El diagnóstico debería partir del hecho que Asturias es la única comunidad que no ha llegado a recuperar en ningún momento los niveles de PIB (producto interior bruto) anteriores a la Gran Recesión de 2009. Desde entonces hasta hoy –y han pasado ya trece años– el PIB autonómico se ha quedado rezagado mientras que el conjunto de España ha avanzado ocho puntos porcentuales.

Entre otros motivos, el estancamiento de la economía obedece al declive demográfico iniciado a principios de los años ochenta. En el Principado viven hoy un millón de habitantes, la misma cifra que hace sesenta años. Resulta especialmente frustrante que un elevado porcentaje de los jóvenes –en muchos casos, con alta cualificación académica– tenga que emigrar a otras zonas de España o al extranjero para poder desarrollar sus capacidades profesionales. ¿Cómo puede prosperar un territorio si la población en edad de trabajar disminuye?

Asturias se ha quedado a la cola de España en tasa de actividad, pues tan solo la mitad de los residentes de 16 años en adelante tiene o busca empleo. La pirámide demográfica retrata una sociedad en proceso de envejecimiento, con la edad media más alta de España (49 años, cinco más que en el conjunto del país) y con los peores índices de natalidad y mortalidad (por cada nacimiento se registran casi tres decesos).

Este análisis resultaría incompleto si se obviaran las fortalezas con las que cuenta el Principado en términos económicos y sociales. Por encima de todo destaca una extraordinaria calidad de vida, fruto de la existencia de unos servicios públicos de calidad, un patrimonio natural y cultural envidiable y una amplia red de infraestructuras de transporte. Además, la economía regional se caracteriza por tener un sector industrial robusto y una balanza comercial positiva con los mercados internacionales.

En cuanto a las oportunidades de futuro, la llegada de la alta velocidad y la incorporación al Corredor Atlántico europeo deberían servir para dinamizar el tejido socioeconómico, sin olvidar los fondos Next Generation de la Unión Europea, que –bien gestionados– constituyen una ocasión histórica para la modernización de toda España.

De todos modos, la experiencia histórica demuestra que la prosperidad de un territorio depende de la concurrencia de dos factores. Por un lado, se requiere un marco regulatorio propicio a la creación y el desarrollo de empresas, al libre comercio y a la captación de inversión extranjera. Y, por el otro, hace falta talento emprendedor que, asumiendo los riesgos inherentes a la actividad empresarial, ponga en marcha proyectos viables que generen riqueza y empleo.

Sin duda, Asturias necesita impulsar el emprendimiento. La mejor manera de frenar la emigración de los jóvenes pasa por fomentar las vocaciones empresariales en las escuelas y, sobre todo, en la Universidad. No se trata de un objetivo de corto plazo, pero incentivar la creación de empresas locales –por pequeñas que sean– terminará favoreciendo el arraigo de la población y el desarrollo económico.

Por lo que se refiere al marco regulatorio, quisiera centrarme en un aspecto positivo que hasta ahora dábamos por descontado, pero que podría torcerse en un futuro próximo. Se trata de la convivencia natural entre el castellano y el bable o asturiano, a diferencia del modelo de inmersión lingüística impuesto en otras regiones de España. Desde 1982 el Estatuto de Autonomía reconoce la protección, uso y difusión del bable. Además, los ciudadanos tienen derecho a dirigirse en bable a la administración autonómica por vía oral o escrita. Pero de ahí a elevarlo a la categoría de lengua cooficial media un trecho que puede ser la antesala de graves perjuicios para la sociedad asturiana.

Mientras que el español es el segundo idioma de comunicación internacional, hablado por casi 600 millones de personas en todo el mundo, el bable no pasa de ser un dialecto de uso minoritario, fragmentado en diversas variantes –sin una modalidad estándar–, con escasa tradición escrita y desprovisto del léxico suficiente para nombrar la compleja realidad de nuestros días.

Si adquiriese rango cooficial, los organismos autonómicos tendrían que utilizarlo a la par que el castellano. En la práctica, y vistos los precedentes de otras comunidades autónomas, lo más probable es que se introduciría la enseñanza obligatoria del bable en todos los niveles educativos, la radiotelevisión pública emitiría buena parte de su programación en bable y se premiaría su conocimiento en las pruebas de acceso al empleo público.

No salen gratis los experimentos lingüísticos. Habría que formar con relativa urgencia un cuerpo de profesionales –funcionarios, profesores, traductores, periodistas, abogados…– que fueran capaces de atender las exigencias legales derivadas de la cooficialidad. Un despilfarro de dinero público que únicamente beneficiaría al propio colectivo asturianoparlante. El resto de la sociedad se vería perjudicado, porque la imposición lingüística conduce al deterioro de los servicios públicos y a la fractura social.

Asturias ha sabido gestionar hasta la fecha su patrimonio lingüístico de forma acertada, y alterar el statu quo traicionaría el interés general. Las lenguas deben servir para entenderse y buscar puntos de encuentro, no para establecer barreras entre los miembros de una misma comunidad. El final de la pandemia impone la obligación de superar polémicas artificiales y centrar el debate público en el principal desafío que tiene la región: ¿cómo podemos crear un entorno amable para recuperar la vitalidad económica y demográfica perdida en los últimos años?

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