La Nueva España

La Nueva España

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Julio Vaquero Iglesias

Sánchez y el Sahara

El giro promarroquí de Sánchez

Como es sabido, la política exterior de nuestro país, según la Constitución vigente, es competencia del Presidente de Gobierno. Pero tomar, como ha hecho el presidente Sánchez, una decisión de la importancia política de aceptar la posición de Marruecos sobre el futuro político del Sahara sin contar con el visto bueno del Parlamento español no parece una actitud muy democrática, ya que supone un giro de ciento ochenta grados en la política tradicional de la España democrática respecto de nuestra antigua colonia. Política que implicaba reconocer el derecho de sus habitantes a decidir sobre su futuro político en un referendo, como era, además, la posición que mantenía la ONU como procedimiento para llevar a cabo la descolonización definitiva de aquel territorio.

¿Cómo es posible que nuestro Parlamento y los ciudadanos españoles nos hayamos enterado de ese giro copernicano de nuestra política tradicional sobre el Sahara y sus habitantes a través de una carta enviada al rey marroquí por la jefatura del Gobierno español y cuyo contenido la hemos conocido no a través de nuestro Gobierno, sino por medio del propio mandatario marroquí?

Sin duda, una decisión de tal importancia tiene que deberse a razones de mucha trascendencia que el presidente del Gobierno español no ha dado ni siquiera, como había prometido, en la última sesión del Parlamento español.

Pero esa negativa a explicar las razones de ese cambio no tiene, sin duda, ninguna justificación aceptable en un sistema que se dice democrático, a pesar de que, como se puede deducir, esté referido a problemas de hondo calado geopolítico en la actual situación de profundos cambios e inestabilidades de la realidad política internacional.

¿Volvemos a la diplomacia de los pactos y alianzas secretos como era frecuente en otros tiempos y que tantos problemas y consecuencias negativas causaron a la humanidad?

Sea como fuere y partiendo, además, de las razones de ética pública y de derecho internacional que fundamentaban la postura anterior y además del abandono que supone para los habitantes de nuestra excolonia dejarlos a merced de un régimen como el marroquí de dudosa, vamos a dejarlo ahí, calidad democrática, no es posible aceptar que un Gobierno (¿o sólo fue medio?) que se reclama de naturaleza democrática haya cambiado esa posición sin contar con el visto bueno del Parlamento, el cual por cierto ha dejado claro por mayoría, incluyendo los partidos que apoyan al Gobierno socialista y hasta un sector del mismo, que no aceptan una medida de esa índole.

De haber razones de peso para hacer ese cambio de nuestra política exterior y ser conveniente mantenerlo en secreto lo democráticamente canónico era haberlo planteado al Parlamento. Y para ello se podía haber creado una comisión cerrada y secreta de su desarrollo y contenidos, pero no de sus decisiones finales. Comisión en la que deberían haber tenido representación todos los grupos parlamentarios para decidir democráticamente sobre ese cambio trascendental en nuestra política exterior.

Sánchez ha cometido, sin duda, un error de bulto que invalida todas sus prédicas sobre la condición democrática de la política exterior de su gobierno. Y además hace parecer a su ministro de Exteriores como un personaje zumbado que no hace más que repetir lo mismo que es no decir nada. Exactamente lo mismo que su jefe en el Congreso.

Compartir el artículo

stats