El señor presidente del Gobierno acaba de anunciar la creación de un fondo de 11.000 millones de euros destinados a “fomentar la creación de empresas y fábricas de semiconductores y microchips” en nuestro país. La intención es muy loable dada la escasez actual de estos productos imprescindibles en todas nuestras máquinas modernas desde lavadoras y teléfonos a coches eléctricos y ordenadores pasando por generadores eólicos y baterías de almacenamiento de energía. Así mismo, se espera a medio plazo un fuerte incremento de la demanda de estos productos pues la transición a una economía menos carbonizada implica su empleo con mayor intensidad. Que España sea capaz de producir estos elementos es muy importante para nuestro futuro económico.
Existe, sin embargo, un importante inconveniente para la realización de estos planes de futuro. En efecto, la fabricación de estos productos requiere la utilización de metales (oro, paladio, vanadio, manganeso, litio, cobalto, tierras raras, etc.) constitutivos de minerales difíciles de encontrar en la naturaleza y poco investigados a nivel mundial. En el presente las reservas mundiales de estos minerales y metales son escasas y los países que las poseen empiezan a ser reacios, por diversas razones, a su exportación.
Se trata de materiales que la Unión Europea ha convenido en denominar como materias primas minerales estratégicas o críticas, cuya escasez o falta de suministro puede dar al traste parcial o totalmente con sectores económicos enteros cuyos productos se encarecerían de forma muy significativa o, simplemente, no podrían elaborarse. Los europeos somos profundamente dependientes de las importaciones de estos minerales y elementos químicos y podríamos encontrarnos ante un severo problema de mucha más difícil solución que el abastecimiento energético a corto y medio plazo. Más del 90% de nuestras necesidades de estas materias críticas son importadas por la Unión.
A la vista de lo expuesto, los europeos estamos obligados a incrementar de forma muy importante nuestro autoabastecimiento de recursos minerales estratégicos. Esto significa, en primer lugar, incrementar la investigación geológica y minera de nuestros indicios minerales, impulsar una importante actividad minera que permita mantener el desarrollo industrial y tecnológico de numerosos sectores vitales ligados a la eficiencia energética, la electrificación de la economía, la generación eólica y solar, la digitalización, etc.
España es, desde siempre, un país con un potencial geológico y minero excepcional que permitió, en su día, nuestra romanización y la evolución del país. Sin ánimo de ser exhaustivos, grandes minas como Almadén (Ciudad Real, sulfuros de mercurio), Rio Tinto (Huelva, sulfuros polimetálicos, cobre, zinc, plomo, plata, etc.), han sido emblemáticas en la historia de nuestro país. Las minas de wolframio, del occidente de España desde Galicia a Extremadura tuvieron su máximo desarrollo durante la II Guerra Mundial para la fabricación de aceros de gran dureza.
Al mismo tiempo y en los últimos años, el sector minero ha sufrido un fuerte acoso y restricciones ligadas a criterios medioambientales, sociales y políticos que han reducido significativamente la inversión en investigación y desarrollo así como su capacidad de extraer las materias primas que hoy se consideran estratégicas, para productos tecnológicos clave (vehículos eléctricos y sus infraestructuras de recarga, baterías asociadas al sector renovable, la telefonía móvil, los ordenadores, la industria fotovoltaica, aeronáutica o bélica, etc.). Existen también en España depósitos de tierras raras (Castilla La Mancha y Galicia), litio (Zamora, Salamanca y Cáceres), tantalita y coltán (Galicia) que podrían abastecer de forma muy considerable las necesidades de los países europeos, frenando las importaciones y consiguiendo un buen porcentaje de autoabastecimiento en el medio plazo.
Sin embargo, no investigamos ni explotamos nuestra riqueza minera en minerales declarados por la UE como estratégicos. Es más, se ponen dificultades de todo tipo simplemente para la investigación geológica y minera. Por otro lado, la minería de estas sustancias estratégicas se ubica, fundamentalmente, en zonas despobladas de nuestro país que están necesitadas de proyectos industriales que generen abundante empleo directo y una cadena de valor asociada a la transformación de los productos de las minas. Tal es el caso, por ejemplo, de los yacimientos de litio de Extremadura o de monacita (mena varias tierras raras como cerio, lantano y torio) en Ciudad Real.
Por otro lado, para la transición de la economía, no hay alternativas viables a la actividad minera para la obtención de estas sustancias que, como está definido en nuestra legislación ambiental, deberá llevarse a cabo con todas las garantías de calidad y respeto a las normas ambientales (restrictivas y vigentes en España desde hace más de 40 años). La minería del siglo XXI es capaz de minimizar los daños ambientales, recuperar y rehabilitar los terrenos afectados. De esto último hay muy buenos ejemplos en nuestro país.
Haría bien, por tanto, nuestro gobierno en anunciar, además del fondo para la instalación en nuestro solar de empresas capaces de producir semiconductores y microchips, otra línea de financiación para incentivar la investigación geológica y minera de las sustancias necesarias para esta fabricación. En los años 60 a 80 del pasado siglo hubo varios planes de investigación de recursos mineros a nivel nacional que ahora deberían ser actualizados con las nuevas necesidades.
Así mismo, el gobierno debería procurar una modificación legislativa que permita la simplificación de los trámites administrativos que conducen a la autorización de labores de prospección y a la posterior apertura de explotaciones mineras. En la actualidad, poner en funcionamiento una mina en España lleva un trámite cuya duración es de unos 15 años, algo totalmente desproporcionado.
Con todo esto, España podría ser a medio plazo el “granero mineral” de Europa contribuyendo de forma importante al autoabastecimiento de la Unión en estas sustancias. Abasteceríamos también a esas empresas fabricantes de semiconductores y microchips que se pretende instalar en nuestro país generando una cadena de valor completa en España y en zonas especialmente despobladas.
