El famoso caso “Pegasus” finalmente ha servido de caballo de Troya para que ERC y Bildu entren a formar parte de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. Si algo quedaba pendiente para rematar esta infausta legislatura llena de despropósitos era hacer partícipes de los secretos de Estado a dos organizaciones separatistas que tienen como fin primordial acabar con él. El CNI, a su vez, se ve con las espaldas abiertas, después de haber cumplido supuestamente con el deber de la seguridad vigilando a los instigadores de la sedición. Lo próximo puede ser la cabeza en bandeja de Margarita Robles, la única del Ejecutivo en defender al Centro Nacional de Inteligencia frente a la campaña de descrédito de los socios nacionalistas del Gobierno.
En cualquier cancillería del mundo democrático se podría llegar fácilmente a la sencilla conclusión de que si hay alguien que no debe estar jamás en los secretos del Estado son sus enemigos, por mucho que la contabilidad electoral los haya llevado al Parlamento, y por más que el Gobierno, por conveniencia partidista, los considere interlocutores válidos y amistosos. Pero la claudicación, debido al acoso ante el presunto espionaje a secesionistas catalanes, nos ha traído de nuevo hasta aquí, como en el juego de la oca pero superando varias casillas.
La presidenta del Congreso, que activaba el cambio normativo para esquivar el veto que hasta ahora mantenían el PP, Vox y Cs, justificaba la medida invocando el “pluralismo” de la Cámara, con la rebaja de la mayoría de 210 a 176 votos y con el propósito de que no haya secretos para los secesionistas. No sé si cuando Feijóo, quiero creer que con las mejores intenciones, se refería a recobrar un tipo de política nacional para adultos tenía en cuenta la capacidad de Pedro Sánchez para romper unilateralmente cualquier tipo de consenso sobre cualquier razón de Estado. Supongo que no le habrá pillado por sorpresa.
