Pegasus está siendo el espejo más nítido para contemplar el acelerado deterioro de este Gobierno que se empeña, además, en destruir el prestigio de las instituciones. Dadas las circunstancias y el clima interno envenenado, todo vale con tal de mantener con pinzas el acuerdo de la legislatura que no tiene otro objeto que mantenerse personalmente en el machito.
El asunto de las escuchas telefónicas ha dado tantas vueltas y tomado tantas curvas que casi nadie acierta a comprender su verdadero significado salvo que se espiaba de manera autorizada a unos dirigentes condenados ante la justicia por declararse enemigos del Estado y cometer delitos de sedición y malversación, algo que parece lógico desde el punto de vista de la propia defensa de un país. El presidente del Gobierno, con el fin de convencer a esos dirigentes independentistas de que el espionaje no era solo hacia ellos, acabó por hacer público que él también estaba siendo vigilado, poniendo en riesgo las más elementales normas de seguridad en cualquier Estado democrático. La directora del CNI, arrojada a los pies de los caballos, después de haber explicado que las escuchas se llevaban a cabo bajo una estricta legalidad jurídica, fue destituida ayer tras negarse a dimitir. Cumpliendo con el deber y ciñéndose a una legalidad, como es el caso, no tenía por qué hacerlo. Ahora piden la cabeza de la ministra Margarita Robles, que salió a defender del acoso a los servicios de inteligencia. Yo creo que antes que preguntarse por qué unos dirigentes que tienen entre sus objetivos liquidar el Estado son vigilados, es Sánchez el que tendría que explicar por qué mantiene alianzas con alguien que pretende ese tipo de cosas. Ahí está la terrible incongruencia. Esa es la cuestión.
El Gobierno Frankenstein, que con tanto acierto acuñó Rubalcaba, seguirá aparentemente en la cuerda floja. No existe concordia entre los socios ni parece que acierto para sacar adelante el país, pero sí la idea común de preservar las ventajas del poder.
