A estas alturas de la legislatura, los fondos europeos se convierten en la última ocasión para que Asturias encare una transformación económica que germine. Son una oportunidad sobrevenida (al igual que la pandemia que los trajo) para recibir una financiación inesperada que asiente un nuevo paradigma de Asturias. De ahí que el Gobierno se juegue un todo o nada peligroso. Cualquier error, ineficacia o desacierto en la gestión tendrá un coste altísimo. Y más cuando resuenan aún los análisis sobre la utilidad de los fondos mineros (pese a que muchas veces caigan en el tremendismo de interpretar solo algunos episodios lamentables).
Parte de aquellos fondos mineros pagó mejoras económicas y en infraestructuras que, de otro modo, no se habrían acometido. Y también, es cierto, dejaron evidencias de gestión ineficiente. No sirvieron para frenar la hecatombe demográfica de las Cuencas y tampoco las prejubilaciones por el cierre agónico de la minería alentaron tanto como se esperaba el consumo en la zona.
El Ejecutivo regional debe evitar dos riesgos fundamentales: el primero, que la gestión se le atragante a la administración; el segundo, que los objetivos no respondan a una adecuada planificación regional, sino que acaben siendo fijados por intereses sectoriales.
Hay indicios para temer un atasco en la gestión. La administración autonómica ha dado en los últimos años algunas muestras de ineficiencia: ayudas cuya publicación se demora, retrasos en convocatorias, problemas internos que dificultan pagos. Los fondos europeos exigirán plazos y ritmos, y aquel territorio que no los cumpla se quedará sin el bocado. Un fallo en este primer asunto tendrá una pena inmediata: la crítica por las ayudas perdidas por incapacidad para gestionarlas.
El segundo riesgo, el de la mala planificación, puede acabar pagándose a más largo plazo. Es fácil caer en la tentación de sacar proyectos del cajón del olvido para lograr financiación sin grandes esfuerzos, pero sin preguntarse si esos proyectos son ahora los necesarios y urgentes. También es fácil entregarse en manos de las grandes empresas, interesadas en las sumas de dinero que les permitan engordar sus objetivos y beneficios, sin pensar en si esas pretensiones son las que realmente necesita Asturias. Y, por último, también es fácil caer en intereses sectoriales, en colectivos que a la postre son un puñado de personas y que terminan por fijar al Gobierno las prioridades aprovechando que el tiempo corre y que en ocasiones se deben tomar decisiones con urgencia.
Precisamente por esta cuestión ya se han producido algunos roces internos en el Gobierno, en especial entre las consejerías de Hacienda e Industria. La primera es la encargada, a la postre, del control y validación de los proyectos, así como de garantizar su encaje con las líneas que marca Bruselas, como ya hace en relación a los fondos Feder. La segunda, asume un peso importante a la hora de determinar los proyectos susceptibles de recibir ayudas con cargo a diferentes partidas, vinculadas a la transformación energética del Principado.
Desde hace tiempo se han señalado internamente dificultades en esa relación. A la Consejería de Industria se le achaca poca interlocución con el resto de áreas para conocer con antelación cuáles son sus planes. Y más cuando el control terminará en manos de otro departamento. Ya viene de lejos la falta de transparencia para anticipar algunos proyectos. Industria se escuda en la confidencialidad del proceso, pero algunos episodios y ciertas quejas, que incluso han llegado a oídos de otros partidos, han hecho que el Gobierno se plantee una mayor capilaridad y seguimiento de las iniciativas que impulsa cada área.
No es que existan indicios de mala gestión, pero sí que en algunos ámbitos del Gobierno se han detectado “zonas de sombra” que pueden ser refugio para posteriores problemas, bien por las iniciativas elegidas o bien porque algunas terminen por quedar fuera de la financiación comprometida a causa de una gestión inadecuada. Cualquiera de ambos escenarios terminaría por pesar como una losa sobre la acción del Gobierno, máxime cuando se han puesto tantas expectativas en un dinero que, salvo grandes proyectos, probablemente termine sabiendo a poco.
