“Se buscan en Asturias 1.800 escanciadores”. “No hay profesionales, ni siquiera gente que podamos formar”. Así titulaba un reportaje LA NUEVA ESPAÑA el miércoles, 25 de mayo.
Centrado en Asturies y un sector concreto, el titular sintetiza un grave problema que ocurre en toda España: no se encuentran candidatos para un amplio número de puestos de trabajo, más de 100.000 según todas las estimaciones.
La mayoría de esas ofertas que no hallan destinatario se producen en la hostelería, la construcción y el transporte. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en España existen más de 3.000.000 de parados y en Asturies de 60.000. ¿Cuál es la causa de que ciudadanos que no tienen trabajo no quieran aceptar esas ofertas? Si uno indaga en situaciones personales y, desde luego, si la encuesta se hace entre sindicalistas y políticos, la respuesta es unánime: “pagan una m… y encima te explotan. Que paguen más, verán cómo hay empleo”. Exactamente, la misma contestación que Joe Biden dio hace pocos meses ante una paradoja semejante en EE UU.
Ahora bien, conviene, ante esa respuesta, hacer dos observaciones. La primera, que nadie quiere enunciar, es que esos trabajadores desempleados que no aceptan esos puestos de trabajo “perderían si los aceptasen”, es decir, que con respecto a su actual situación las cosas empeorarían, porque entienden que la suma de sus ingresos efectivos (vía familia, subsidios, chollos…) y la valoración de su tiempo libre en el desempleo es semejante al conjunto de beneficios que les proporcionarían esos trabajos o, acaso, solo ligeramente inferior. Quizás pudiéramos calificar esa situación como “desempleo”, y no paro.
La segunda es una ley elemental de la economía. El empresario que realiza un contrato lo hace para ganar dinero: entiende que la presencia de ese empleado es rentable de una forma probablemente segura al aumentar la productividad del negocio. Si el margen de ganancia se presume escaso o se piensa que existe un riesgo grande de inseguridad (bajas laborales, legislación, precariedad estacional o del mercado…), no lo hace. De modo y manera que las ofertas de trabajo se rigen, en su número y emolumentos, por este principio elemental. Es cierto que existen en algunos campos empresarios que incumplen la legislación, que abusan, etc. Pero, en cualquier caso, el principio económico expresado es el elemento básico: si no se presume ganancia, no se contrata. No es un acto voluntarista o de caridad.
De este modo, ocurren dos fenómenos antitéticos: quienes piensan que perderían con un trabajo y no están capacitados para empleos de altos salarios, quedan en el desempleo, quienes sí lo están y no encuentran en su región uno adecuado a sus expectativas, emigran.
En cuanto a los empleos que exigen una formación especializada es evidente que existe un déficit de formación. Como se reitera desde el mundo del trabajo y de la instrucción, lo que se enseña en las universidades o la Formación Profesional no se adecua en muchos casos con lo que la realidad de las necesidades de las empresas, de los potenciales empleadores, demanda. Algunos intentos recientes, como la FP dual, no parecen tener demasiado éxito. En realidad, no se ve muy bien qué interés puede tener una empresa para pagar a un aprendiz, destinar un operario a instruirlo, tener acaso sin producir alguna maquinaria. Desde luego, sí se ve perfectamente cuántas empresas pueden tener interés en ello o capacidad para ello.
Como se advierte, al margen de los problemas reales de la economía, de la marcha de las empresas, de sus beneficios, y, por tanto, de su capacidad o necesidad de contratar, convendría repensar muchas cosas, desde la política, la enseñanza, la legislación y las cuestiones sociales.
