Después del espíritu de discernimiento -escribió en el siglo XVII el juicioso La Bruyère- lo más raro en el mundo son los diamantes y las perlas. Discernir es también el trabajo más costoso para la opinión pública del XXI atrapada por el oscurantismo que produce una información sesgada, el sectarismo y la polarización que impide ver ciertas cosas con lucidez. Cuando no se halla paralizada por la indiferencia o la renuncia, como está sucediendo con los reiterados incumplimientos de la ley por parte de los nacionalistas catalanes y la complacencia del Gobierno que no actúa para no contrariarlos como socios de una legislatura podrida.
El último desacato de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre el porcentaje de aplicación del castellano en la enseñanza catalana es la enésima prueba de la rebelión institucional de unos dirigentes decididos a salirse con la suya ante una sociedad que prefiere ver como se atropellan los derechos constitucionales de los españoles con tal de seguir con la fiesta en paz. Resultado: el nacionalismo se envalentona observando cómo sale gratis el hecho de pasarse las leyes por el forro y, de paso, se dispone a seguir adelante con la triste aventura del procés, para el que ya está en estudio rebajar las penas de sedición. No sucederá ahora, obviamente, sino cuando por las circunstancias del momento se considere oportuno, quizás pasado mañana con la excusa de un gobierno de centroderecha que no le consienta a los nacionalistas lo que hasta el momento se les está consintiendo. Y debido a la necesidad perentoria de conservar al gabinete Frankenstein como el instrumento idóneo para obtener concesiones y seguir incumpliendo las sentencias de los tribunales. Mientras tanto, las demandas de los ciudadanos catalanes, que reclaman en una comunidad bilingüe que la enseñanza se imparta en dos lenguas oficiales, chocan con el absurdo pretexto de que el 25 por ciento no se puede aplicar ya que lo impide un nuevo marco normativo aprobado in extremis el pasado lunes.
