El Parlamento Europeo vivía el pasado miércoles una jornada intensa. Se sometía a votación el paquete legislativo climático, formado por varios nuevos reglamentos, que había sido aprobado semanas antes por el comité de Medio Ambiente de la institución. Las tensiones partían a los grupos políticos e incluso a las delegaciones nacionales en el seno de cada bancada. El Parlamento en su conjunto inspira y comparte la ambición climática de la Comisión Europea, pero siempre surgen cuestiones puntuales o realidades locales que los eurodiputados deseamos introducir en la regulación comunitaria. Desde la particularidad de las islas y zonas periféricas –que demandan un trato favorable en el transporte–, a los territorios con presencia de la industria automovilística –que enfrentan una profunda reconversión–, pasando por la realidad fabril de nuestra Asturias, las casuísticas locales abrían el juego a la búsqueda de apoyos cruzados con la esperanza de revertir algunas medidas adoptadas por el comité de Medio Ambiente. Por mi parte, en tanto que parlamentario asturiano con los problemas y singularidades de la región como prioridad en mi acción política, la batalla se situaba en el fin de los derechos gratuitos de emisión de CO2, el sistema de definición de las plantas más eficientes que determina tal reparto, y el apoyo a las exportaciones industriales, más allá del ajuste en frontera del CO2 como elemento para igualar las condiciones competitivas en el mercado interior entre nuestras fábricas y las extracomunitarias.
El turno de votaciones se iniciaba a las doce y media de la mañana, tras escuchar en la cámara al presidente del parlamento ucraniano. Se votaba, en primer lugar, la directiva que revisaba el funcionamiento del mercado europeo de derechos de emisión de CO2. A continuación, el reglamento para la fijación de ese «arancel» ambiental. Los problemas eran idénticos en ambos textos.
Las primeras enmiendas, menos polémicas, se iban votando. Unas rechazadas, otras no. En todo caso, desde el principio eran perceptibles esas fallas dentro de los distintos grupos parlamentarios a las que aludía con anterioridad. También en el mío, el de los Socialistas y Demócratas. Pocos minutos después, comenzábamos a votar las enmiendas más polémicas y el trabajo de estas últimas semanas daba sus frutos. Una mayoría de poco más de veinte diputados, sobre los más de setecientos que formamos parte del Parlamento Europeo, votaban favorablemente a enmiendas que revisaban el texto que nos enviaba el comité de Medio Ambiente con el fin de fijar un calendario más asumible para la industria. Una a una, las enmiendas más importantes para Asturias obtenían el respaldo del pleno. Bien. De repente, nos encontrábamos ya ante el corazón del reglamento: la fecha límite de recepción de derechos gratuitos de emisión de CO2. El comité de Medio Ambiente había fijado ese límite en el año 2030. Debíamos revisar el mandato de los colegas de Medio Ambiente.
En primer lugar, se votaba una enmienda para aplazar esa fecha tan solo dos años, hasta 2032. Si esa enmienda se aprobaba, ya no podríamos votar la enmienda siguiente, que situaba el límite en 2034 a propuesta de los compañeros del comité de Industria, que tampoco compartían el texto de Medio Ambiente. Pues bien, esa primera enmienda, que contó con mi voto en contra para mantener con vida y votar favorablemente después la propuesta de Industria, se rechazó por apenas once votos, 303 a favor frente a 314 en contra. Respiré aliviado al observar el resultado en las pantallas del pleno, porque a simple a vista era incapaz de predecir qué acababa de ocurrir. A continuación, votamos la enmienda de Industria a favor de ampliar el plazo a 2034. En este caso, 327 diputados votamos a favor, 297 en contra. Un margen más amplio. A partir de ahí y hasta el final de la votación de ese primer reglamento seguimos ganando todas nuestras enmiendas claves. Excelente.
Todo parecía encauzado para que la revisión de la directiva saliera adelante en los términos que interesaban a Asturias, a su industria y a sus trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, finalmente, las mayorías se alteraron en el voto global del texto. Quienes consideraban que el texto se había quedado poco «verde» decidieron votar en contra del informe. Los que estaban en contra de cualquier regulación ambiental, por motivos opuestos, también. Decaía de esta forma el texto legal en su conjunto. Las divisiones observadas durante esta primera votación clave eran tales que el ponente del reglamento sobre el ajuste en frontera propuso evitar el voto en el pleno de su propuesta, y enviar de nuevo al comité de Medio Ambiente su informe junto a la directiva rechazada sobre la regulación de los mercados de emisión.
Y termino. La enmienda para aplazar en tan solo dos años, a 2032, el límite de los derechos gratuitos, que logramos rechazar por apenas un puñado de votos, contó con el apoyo de la europarlamentaria Susana Solís, antigua diputada de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Pese a la incongruencia del sentido de su voto en esa enmienda, al término de la sesión de votación, Solís se despachó con un comunicado y unas declaraciones lacerantes sobre el grupo socialista en la Eurocámara. Confío en que sepa la diputada Solís que, si hubiera salido adelante la enmienda que apoyó para fijar el fin de los derechos de emisión en 2032, no solo nos habría impedido votar y ganar la propuesta del comité de Industria para aplazar ese periodo a 2034, sino que también hubiera permitido aprobar el texto en su conjunto e iniciar la negociación con el Consejo con una fecha claramente insuficiente para Asturias.
Es una incógnita si no quiso romper la disciplina de voto de su grupo político, si no sabía lo que estaba votando, o si apoyó el fin de los derechos de emisión en 2032 por convicción. Ahora bien, en cualquiera de los casos, la aprobación de esa primera enmienda nos hubiera colocado en una situación negociadora sustancialmente peor a la que afrontamos ahora, porque la devolución del texto al comité de Medio Ambiente permitirá reformular una nueva propuesta que, con seguridad, deberá ir más allá del modesto objetivo de 2032 respaldado por Solís, habida cuenta del voto mayoritario del Parlamento a favor de la propuesta del comité de Industria de establecer esta fecha en 2034.
En la campaña electoral de 2019 me comprometí a defender los intereses de Asturias en cada informe que se tramitara en el Parlamento Europeo. En ello estoy. Hemos logrado una victoria parcial. Tenemos ahora ante nosotros unas semanas para rematar la operación porque estos textos legislativos, fundamentales para el futuro de Asturias, volverán al pleno con toda seguridad antes del verano. Adelante.
