Hacia el final de su mandato, un periodista preguntó al presidente republicano Dwigth Eisenhower si había cometido algún error en el tiempo que llevaba en la Casa Blanca. «Sí, dos, y los dos se sientan en el Tribunal Supremo», respondió. Eisenhower nombró dos jueces conservadores para el Alto Tribunal, Earl Warren y William Brennan, pero ambos, para decepción de quien los nominó, se mostraron tan progresistas en sus resoluciones que están considerados entre los diez más liberales de todos los tiempos. Esa no es una equivocación que cometiera, sin embargo, Donald Trump. Él seleccionó cuidadosamente a los tres magistrados ultraconservadores que designó para ese órgano, compuesto por las nueve personas con más poder político de los Estados Unidos, más incluso que el presidente, como se ha demostrado estos días.
Trump sabía que los tres jueces que nominó, y que iban a inclinar la balanza a favor de la derecha ultrarreligiosa, no le defraudarían. Así que por 6 votos a 3, el pasado viernes esos magistrados, abiertamente antiabortistas, decidieron acabar con el derecho al aborto. El expresidente definió como «una decisión de Dios» lo que, por lo que se sabe, es la decisión de 6 personas en contra de la opinión de más del 60% de los estadounidenses.
Lo ocurrido en Estados Unidos es grave porque supone una involución en las libertades civiles que las mujeres conquistaron hace 49 años en aquel país y porque puede tener repercusiones en otras democracias. De hecho, la lección más clara que se extrae de la resolución del Supremo americano es que no se puede dar por sentado que los derechos y libertades conquistados con mucho esfuerzo son irreversibles. Aunque hayan pasado décadas desde que se lograron y parezcan tan asentados en la sociedad como para que nadie se atreva a tocarlos.
Las mismas fuerzas retrogradas que han conseguido acabar allí con el aborto seguro –abortos seguirá habiendo, clandestinos y en condiciones de insalubridad para las mujeres– tienen también aquí representación en organizaciones civiles, medios de comunicación y partidos de la derecha. Desde luego en Vox, pero también en el PP, algunos de cuyos dirigentes son habituales en las manifestaciones pro-vida. No, por cierto, Núñez Feijóo, y eso puede ser, de momento, una garantía. Pero hay un recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la ley del aborto del Gobierno Zapatero y ya hubo un intento de restringir al mínimo ese derecho durante el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque aquel proyecto de ley decayó y le costó el puesto al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Los ultraconservadores españoles fracasaron porque sus compañeros más liberales les frenaron, pero eso no significa que se hayan rendido. En EEUU han tardado décadas, pero lo han conseguido controlando el Tribunal Supremo. Así que ojo también aquí con las maniobras para mantener mayorías conservadoras en las instituciones judiciales, por ejemplo, bloqueando su renovación. Conviene no olvidar que el riesgo de involución siempre está ahí.
