Primero gestionaron ellos, bueno, principalmente ÉL, la pandemia. ¿Se acuerdan de sus peroratas?, ¿de su "hemos vencido al virus y controlado la pandemia"? Después traspasaron la gestión y la confusión a las autonomías y los tribunales superiores de justicia (TSJ), ahora nos la han trasladado a cada uno de nosotros: arréglese usted, responsabilícese usted.
Lo han hecho, al menos, por dos razones: la universal, por los votos: así, ellos no son responsables de nada; la otra, más comprensible, por razones económicas, para que menos empresas estuviesen paralizadas o medio paralizadas y para que gasto y consumo fuesen mayores.
Lo malo es que, mediante los discursos, la ausencia de normativas y la eliminación práctica de todas las restricciones legales, han insertado en la sociedad la impresión de que no pasa nada, de que el virus no existe o que es prácticamente inocuo, y, de este modo, las únicas medidas recomendables, la mascarilla y la distancia social, apenas se respetan, entre otras cosas porque mucha gente piensa que no son necesarias, como consecuencia de ese proceder del Gobierno.
Existe un alto número de infectados (la mayoría, es cierto, asintomáticos o con síntomas leves) que siguen haciendo vida laboral y social contagiando a otros y, entre ellos, a las personas mayores o vulnerables
Es más, frente a lo que ocurre en otros países, el Gobierno hace todo lo posible por ocultar el estado de la enfermedad: se informa únicamente sobre los contagios (confirmados) entre mayores de sesenta años; se proporciona noticia de ellos solamente dos veces a la semana, y con sordina; no se dan bajas laborales a los enfermos que no presenten una sintomatología grave; los centros sanitarios son remisos a practicar PCRs y no tienen en cuenta los test de antígenos…
Todo ello supone que existe un alto número de infectados (la mayoría, es cierto, asintomáticos o con síntomas leves), que siguen haciendo vida laboral y social contagiando a otros y, entre ellos, a sus contactos con más riesgo, las personas mayores o vulnerables.
Pese a toda esa ocultación y disimulo, las cifras del virus entre los computables, los mayores de sesenta, no paran de subir y el número de hospitalizados, graves o no, también.
En los últimos días los responsables sanitarios de las comunidades, al igual que la ministra Darias, no dejan de susurrar (sí, susurrar, sotto voce, al escuchu) que la gente vuelva a tomar precauciones, use la mascarilla, guarde la distancia social, etc., pero sin legislar ni proclamarlo con tanta intensidad que haga variar la opinión general de que no hay peligro y no pasa nada, aunque sí pase.
Lo que aquí hemos dicho ya alguna vez, y han repetido médicos y epidemiólogos en los últimos tiempos en vista de la progresión del virus, lo acaba de gritar la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia: ha acusado al Gobierno de "populismo sanitario" por ocultar los datos y no querer tomar medidas de nuevo: "Las personas querían volver a la normalidad, existía una fatiga pandémica que hace que ahora las autoridades no se atrevan a poner medidas de nuevo".
Tal vez se podría llevar a los tribunales a los irresponsables responsables de este desastre. Pero no al Gobierno, sino a ellos, nominatim. Porque no se trata de que los presupuestos, es decir todos, o sea, usted y yo, paguen, en su caso, el desaguisado, sino de que lo hagan las concretas personas impulsoras de esa felonía política que provoca la extensión descontrolada de la enfermedad.
