Fernando Grande-Marlaska es probablemente el ministro más criticado y menos popular del Gobierno, aparte de los de Podemos, claro. Es lo que tiene ser ministro de Interior. Siempre toca lidiar con los asuntos más espinosos. Por algo nuestro Jovellanos rechazó en 1808 haber tenido el honor de ser el primero en inaugurar el cargo. Bien es cierto que el ofrecimiento venía de José Bonaparte, estrenando su flamante Estatuto de Bayona, y que el propio Jovellanos acababa de cumplir siete años de cárcel. Así que es comprensible que le pasara ese cáliz a su muy buen amigo Francisco Covarrús.
Hubo un tiempo en que el Ministerio de Interior o de Gobernación servía de catapulta hacia cargos más altos. Ahí están Cánovas y Sagasta en el siglo XIX, Casares Quiroga, Martínez Barrio y Juan Negrín en la II República. O el cuñadísimo Serrano Suñer, Carrero Blanco o Arias Navarro en el franquismo.
Ya muerto el dictador, la cartera se convirtió en un clavo ardiendo. Fraga debutó con los incidentes de Montejurra. A Martín Villa aún le quieren encarcelar hoy por los tristes sucesos de Vitoria y otros "crímenes de lesa humanidad". Rosón pasó a la historia por el "caso Almería". Barrionuevo tiene el triste honor de ser el único ministro de Interior que acabó en la cárcel. A Corcuera se le recuerda aún por la ley de la patada en la puerta. El también juez Belloch fue superministro –acumuló Justicia–, pero su currículum siempre recordará el estrambótico caso Roldán,
Con el PP, las cosas no fueron mejor. Es verdad que Mayor Oreja fue uno de los ministros mejor valorados, pero cayó en lo que él mismo bautizó como "tregua-trampa". A Ángel Acebes jamás se le perdonará la catastrófica gestión de los primeros momentos del terrible 11-M. Y Jorge Fernández-Díaz lleva su nombre unido al de la llamada "policía patriótica".
Siendo justo, hay que reconocer que Rajoy fue uno de los ministros que más detenciones de etarras realizó y que Rubalcaba vivió durante su mandato el anuncio de ETA del fin de la violencia, pero ni siquiera así su partido ganó las elecciones.
Pese a tanta memoria histórica, en este pequeño homenaje a los sufridos ministros del Interior, en realidad de quien queremos hablar es del actual, Grande-Marlaska. Hubo una época, siendo magistrado de la Audiencia Nacional, en la que fue muy popular, admirado por periodistas y ciudadanía. Destacó por la instrucción de numerosas causas contra ETA y su entorno, y llegó incluso a encarcelar a Arnaldo Otegi, hoy coordinador de Bildu, socio parlamentario de su propio gobierno.
Ahora figura el cuarto por la cola de los 22 miembros del gabinete y es vapuleado desde todos los frentes. Mención aparte merecen, por ciento, las sangrantes críticas por motivos personales. Superados los problemas con el terrorismo y el orden público, otros asuntos amargan un mandato que debería haber sido plácido. Su gran desafío, la inmigración procedente del norte de África, va camino de convertirse en una auténtica catástrofe.
Las imágenes de los al menos 37 subsaharianos muertos intentando cruzar la valla de Melilla a finales del mes pasado le perseguirán para siempre. Sí, fue la policía marroquí la que disparó, pero las sospechas de la ONG de que la policía española no socorrió a los heridos, la exigencia de explicaciones por parte de la Eurocámara y las inoportunas declaraciones de Sánchez –”el asunto está bien resuelto”– han dejado al ministro a los pies de los caballos.
Por si el problema migratorio no fuera suficiente, al ministro se le ha ocurrido la feliz idea de prohibir a los agentes hablar con la prensa. La relación policía y periodista, que permitió históricamente el descubrimiento de grandes abusos del poder, se vería mermada y dejaría a los ciudadanos a merced de las versiones oficiales de Interior. Marlaska, como todos sus predecesores, difícilmente va a ganar el favor de la prensa y los ciudadanos. Pero debería poner algo de su parte para no ganarse a pulso la antipatía al convertir de nuevo a las fuerzas de seguridad en enemigas del pueblo, tras lo mucho que costó su reconciliación.
