Cuando las decisiones judiciales perjudican a los intereses de los partidos políticos no hay sigla que, de izquierda a derecha, no arremeta contra los jueces, cuya independencia sostiene las columnas del edificio democrático. Lo acabamos de presenciar tras conocerse la sentencia del Supremo que mantiene los términos de la escandalosa prevaricación de los ERE de Andalucía, el mayor fraude económico de la democracia española, con la plana mayor socialista saliendo en tropel en defensa de Griñán, que va a pasar una temporada larga a la sombra a menos que Sánchez cometa la torpeza del indulto.
Esta película ya la vimos antes con el caso Gürtel, el de la hedionda “caja B” del PP, de la que cobraban generosa soldada, en negro, altos cargos del partido. También los populares se sentían perseguidos por la Justicia. Los dos partidos mayoritarios de este país se han pasado con frecuencia por el forro una de las máximas de Montesquieu: “Para no abusar del poder conviene que otro poder detenga al poder”. De ahí la conveniencia de que el poder judicial sea el más independiente de los poderes. Y de ahí también el empeño del Ejecutivo de tenerlo controlado. ¿Acaso no subyace ese interés en la impresentable falta de acuerdo entre PP y PSOE por desatascar la renovación del Consejo General del Poder Judicial?
Los jueces se equivocan, no son infalibles. Para revisar sus fallos existen instancias superiores a cuyo frente hay que instalar no a magistrados afines a los partidos mayoritarios sino a los mejores de la judicatura. Mérito y capacidad han de ser los criterios que alumbren la composición de la cúpula judicial. La búsqueda de influencia política en la Justicia debe ser desterrada de una vez por todas. Pero a ver quién le pone el necesario cascabel a dos gatos monteses de uñas y panza arriba.
