Los protagonistas de la vida política demoran la recogida de sus bártulos y la vacación de verano, retenidos por la hiperactividad de Pedro Sánchez que, como había prometido, sin pérdida de tiempo, se ha puesto manos a la obra de la remontada electoral multiplicando las iniciativas del Gobierno y su presencia en los medios. Los pasos recientes del jefe del Ejecutivo están orientados a soldar una vez más la mayoría parlamentaria que lo sostiene. Estamos de nuevo ante la versión más populista y demagógica del líder socialista, que ya le sirvió en su momento para ganar las primarias en el partido.
Lo delatan la actitud paternalista y protectora con que se refiere a la "clase media trabajadora" desde la derrota andaluza, el tono excluyente que dedica a la derecha y los grandes empresarios, a los que cita ya sin reparo con nombre y apellidos, los acuerdos vagos, pero temerarios, que ha firmado con la parte de ERC del gobierno autonómico de Cataluña y, en fin, la alusión demagógica al choque de intereses entre una minoría y la mayoría que reitera en cada ocasión. Procura así recuperar el voto al PSOE que ha ido perdiendo poco a poco durante la legislatura y aprovechar el desconcierto que observa a su izquierda. Su objetivo en las próximas elecciones generales, que según aseguró se celebrarán el próximo año, consiste simplemente en superar al PP en número de escaños, lo que podría bastarle para prorrogar el pacto que le mantiene en el poder.
En sus últimos discursos, tanto Pedro Sánchez como Feijóo han querido poner en tensión a sus partidos ante la batalla que van a librar en las urnas, incitando sin disimulo al clima preelectoral que vivimos. Sin perder de vista lo que vaya a depararnos el final de la legislatura, la corrupción ha reaparecido en distintos escenarios y vuelve a reclamar nuestra atención. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla en relación con el caso de los ERE, corrigiendo alguna de las penas y con el voto particular de dos magistradas. La primera reacción ha sido especular con la posibilidad de un indulto a Griñán. Preguntado por el asunto en Varsovia, horas antes de hacer la semestral rendición de cuentas de la actuación del Gobierno, Pedro Sánchez se mostró prudente a la espera de conocer la sentencia y ensalzó la conducta implacable de su gabinete, pero para rematar su declaración no pudo resistirse a decir que en su opinión pagaban justos por pecadores, sin precisar quiénes eran los unos y los otros.
El mismo día, la mesa del Parlamento catalán acordó por mayoría suspender a su presidenta, Laura Borrás, en aplicación del artículo 25.4 del Reglamento, al haber decretado el juez la apertura de juicio oral por haber amañado un contrato, siendo directora del Institució de les Lletres Catalanes, para beneficiar a un amigo. La dirigente independentista, que se negó rotundamente a dimitir, respondió con una invectiva leída ante las cámaras, calificando la decisión de "atropello democrático", denunciando "una guerra brutal del Estado español contra las instituciones catalanas", reprochando a ERC, socio en el Govern de Junts, el partido que dirige, su traición, y utilizando como escudo los derechos de sus votantes. Pocos días antes, la mesa de diálogo del gobierno español con una delegación de republicanos del gobierno catalán, habían acordado con la solemnidad de que hizo gala en su comparecencia posterior ante la prensa Bolaños, el ministro de la Presidencia, la desjudicialización del contencioso político planteado por el independentismo.
¿Qué debe suceder cuándo la política opera fuera y contra la ley? Los políticos españoles hablan de regeneración de la democracia, pero siguen sin tomarse en serio la corrupción, con la que juguetean según les conviene. No dan el ejemplo al que están obligados. La pugna interesada entre los partidos por el control del sistema judicial es buena prueba de ello. De acuerdo con la Real Academia, en sentido lato y a los efectos que aquí nos ocupan, la corrupción es un "deterioro de los valores, usos y costumbres" democráticos. Tras unos años de ligera mejoría, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional sitúa a España en el puesto 34 entre 180 países de todo el mundo y en el 14 de los 27 estados de la Unión Europea, con una puntuación inferior a la media. Esta valoración afecta a la imagen exterior de España y no beneficia a su economía. No es este el lugar que, por su relevancia internacional, le corresponde a nuestro país.
