Griñán ha sido condenado por un delito similar al del que Esperanza Aguirre e Ignacio González se han ido de rositas. Se archiva la demanda por alzamiento de bienes contra Díaz Ayuso y su familia por haber prescrito. Los padres de la presidenta madrileña hicieron una donación a sus hijos de una vivienda que garantizaba un crédito de Avalmadrid por cuatrocientos mil euros. El crédito por supuesto quedó impagado y sin el aval de la vivienda es irrecuperable. Tras varios años de marear la perdiz, se archiva, por no tener ningún indicio, el caso niñera contra Irene Montero y Pablo Iglesias. Ya son más de veinte los casos archivados, eso sí, al mismo tiempo se reabre otro caso por blanqueo de dinero y no se sabe cuántas cosas más, a Monedero, apoyándose en las declaraciones de un narco que intenta evitar su extradición. Hay que mantener la llama encendida. Digo se reabre porque un caso similar ya se archivó al no haber por donde cogerlo. También estos días, se ha archivado otra demanda contra Ada Colau, la doce o la trece, sin que los medios que publicaron en portada la demanda, hayan publicado su archivo.
La condena a Griñán se ratifica por tres de los miembros del Tribunal Supremo con el voto particular en contra de los otros dos. Ahora se espera que un Tribunal Constitucional renovado, con mayoría progresista, libre a Griñán de la cárcel. ¿Qué confianza merece un Tribunal si sus decisiones dependen del color de sus miembros?
El secuestro del poder judicial no es gratuito, los casi mil imputados y las incontables causas abiertas del Partido Popular hacen que mantener la mayoría conservadora en los tribunales sea fundamental. Los resultados están a la vista.
Titiriteros en el calabozo por una pancarta de atrezo. Un rapero exiliado por injurias a un rey, también "exiliado", pero por causas económicas. Un exilio del que puede volver cuando quiera, a nuestra costa y entre vítores de los que añoran tiempos pasados y de los medios que silencian los más de treinta casos archivados contra gente de Podemos.
El poder judicial es uno de los tres poderes básicos del estado, es el que garantiza que los otros dos cumplan estrictamente con las leyes. Si falla el poder judicial, falla la base de la democracia.
Desgraciadamente, la democracia, no solo falla por la justicia. Una jefatura de Estado designada por el dictador y hereditaria, una iglesia que por la gracia de dios nos cuesta más de once mil millones anuales, sin contar el coste de su adoctrinamiento, militares que dicen que hay que fusilar a unos cuantos millones de rojos sin reparos y sin consecuencias y unos oligopolios económicos que nos gobiernan en la sombra, moviendo los hilos de políticos y manipulando los medios, nos mantienen lejos, muy lejos, de la democracia por la que muchos lucharon, de la democracia que nos merecemos, de la democracia del siglo XXI.
