Para evitar la indolencia que tiende a provocar el manido uso de la palabra "crisis", podemos convenir en que Asturias está atravesando un largo proceso de transformación y, como suele ocurrir en medio de cambios profundos, se enfrenta a diversos problemas. Los asturianos son muy conscientes de la pérdida relativa de pujanza de la economía de la región, de la falta de oportunidades laborales y echan de menos más población joven. A ello hay que añadir las dificultades del mundo rural, los desajustes de las administraciones públicas y, en resumen, una débil integración de la sociedad asturiana. Todos estos problemas chocan con una organización territorial de la comunidad autónoma que ha quedado obsoleta y se ha convertido, con el paso del tiempo y los cambios sociales, en un obstáculo. El problema es de gran enjundia por su complejidad. Los países europeos lo han abordado en las últimas décadas, en todos los niveles, con excelentes resultados en algunos casos. España es hoy un estado descentralizado en alto grado, pero las reformas se han detenido en las comunidades autónomas. Aunque casi todas han hecho intentos, ninguna ha conseguido dotarse de una organización territorial satisfactoria y estable.
Nuestra comunidad autónoma no ha sido menos. Al contrario, fue pionera. El artículo 6 del Estatuto, el primero en aprobarse de las autonomías que se constituyeron siguiendo el 143 de la Constitución, establece que el Principado se organiza en concejos y comarcas, y que podrán crearse áreas metropolitanas. Después, con motivo de su elección como Presidente por la Junta General, Pedro de Silva, en el discurso con mayor ambición política que se haya pronunciado en Asturias, enumeró las prioridades de su gobierno, que serían la eficiencia de la administración autonómica, el desarrollo legislativo del Estatuto y una nueva organización territorial. Alvarez Cascos, entonces portavoz de Coalición Popular, se mostró más o menos conforme con el "qué", y le preguntó por el "cómo". En 1986, por iniciativa de su gabinete, se aprobó la ley que fijaba las competencias, los recursos, el diseño institucional y el procedimiento a seguir para la creación de comarcas, que aún permanece inédito. En el discurso de su reelección, un año más tarde, Pedro de Silva se comprometió a volcar todos sus esfuerzos en potenciar las mancomunidades, confesando que "el realismo aconseja actuar con mayor prudencia en el impulso al proceso de comarcalización política". Los gobiernos posteriores fueron dejando el asunto a un lado, hasta que Javier Fernández decidió promover el Área Metropolitana sin éxito. El consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, acaba de anunciar la Agenda Urbana y Rural de Asturias (AURA), un "marco estratégico no normativo" orientado a poner en práctica una cogobernanza territorial de la región. El ejecutivo autonómico reclama la colaboración de los concejos, que al efecto serán distribuidos en ocho comarcas funcionales y un área metropolitana de geometría "asimétrica y variable". El consejero ha presentado el primer documento con datos de la realidad asturiana. En las fases siguientes de la Agenda, el Gobierno se reunirá con los concejos y los agentes sociales para acordar los objetivos y el plan de actuación.
La despoblación de amplias zonas de Asturias, la segmentación de la sociedad asturiana que a pesar de todo perdura y en algunos aspectos tiende a acentuarse, las ineficiencias de la administración regional, en fin, el descontento manifiesto de la comarca interior del Occidente, confluyen en resaltar el problema de la organización territorial de la comunidad autónoma. La Agenda del Gobierno no es la solución óptima, esa sería una reordenación del mapa municipal y la formación de comarcas de acuerdo con la ley que está en vigor, equipadas con un poder y recursos propios, pero la insistencia en encontrarla a base de reiterar ensayos podría terminar por acercarnos a ella. Requerirá la implicación de todos y mucha pedagogía, lo que faltó en las mancomunidades. Y tendrá que disipar las dudas que plantea su vinculación con la Agenda 2030 del gobierno español, formulada con otro propósito y, sobre todo, el hecho de iniciar su ejecución en plena precampaña de las elecciones autonómicas. En la exposición de su programa de gobierno, Adrián Barbón proclamó que Asturias necesita estar al frente de una agenda propia de reformas. Y lleva razón. Pero su gobierno ha sido parco en iniciativas de esas que dejan huella. La reforma del Estatuto encalló antes de llegar al BOPA y a otras, como esta, podría sonarles la campana electoral antes de su culminación. Asturias debe acelerar el ritmo.
