La noticia del 13 de junio de 2022, con registro en la web de La Moncloa, literalmente decía así: "El Gobierno pone en marcha la campaña estatal contra incendios forestales de 2022". Es una campaña de verano "estricto sensu", la que va del 15 de junio al 31 de octubre. Esa estacionalidad es la primera debilidad del plan, la fortaleza son los medios, pero las amenazas superan con creces el planteamiento estatal, hay que actuar localmente, empoderar a la población local.
Tenemos, además, un Comité Estatal de Coordinación y Dirección contra incendios Forestales, a su vez adscrito al Comité Estatal de Coordinación y Dirección CECOD, que es quien activa el rimbombante Plan General de Emergencias del Estado, el PLEGEM, nacido al albur de las incertidumbres suscitadas por la pandemia, que nos pilló con el paso cambiado.
Consolidada, desarrollada y superada nuestra Ley de Protección Civil, que se remonta a 1985, derogada por Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, la cúspide argumentaria es la autoprotección, es decir empoderar a la sociedad copartícipe en la previsión, prevención y actuación de las emergencias.
Regresamos a la estatificación de la protección civil, y esta elevación de tono es un error, si interpretamos al pie de la letra la Norma Básica de Protección Civil.
La Protección Civil tiene regulados, desde 1992, los Planes Especiales entre los que está plenamente desarrollada la Directriz Básica para Incendios Forestales, diferenciada de planes básicos específicos de situaciones bélicas o riesgo nuclear cuya entidad es de ámbito nacional. Ahí hubiera encajado la respuesta al covid-19, ahora regulado por libre.
La pandemia de coronavirus no estaba contemplada en ningún prospecto, siendo específicamente sanitaria, obvió toda la infraestructura acumulada desde 1985 con la Ley de Protección Civil, por supuesto la Norma Básica de Protección Civil, RD 407/92 a la que ninguna entidad estamental acudió. Actuamos, entonces, como si de riesgo nuclear se tratase, tal cual.
Se empeñan en La Moncloa, independiente de quién gobierne, de promulgar todos los medios aéreos, hasta setenta y dos, y todo el dispositivo estatal para afrontar la estacionalidad de los incendios forestales, olvidándose del principal valor de la Protección Civil: la propia población local, como toda la vida fue.
Con todo quemado, nos queda el resarcimiento de Declaración de Zona Catastrófica, esperando al próximo incendio, superior a quinientas hectáreas, límite de lo extraordinario, que es lo que está por venir según la climatología.
Ahora que no hay fuego es tiempo de devolver a los pueblos el protagonismo de la autoprotección, volitivo en cuanto que la gente del lugar pueda cuidar de sus bosques evitando políticas restrictivas que impiden las limpiezas del matorral, verdadero artífice de la velocidad y voracidad del incendio.
El Estado debe devolver a la sociedad el espíritu recogido en la anterior Ley 2/85 de Protección Civil, y es obligado entrecomillar su literalidad: "La tarea fundamental del sistema de protección civil consiste en establecer el óptimo aprovechamiento de las posibles medidas de protección a utilizar. Consecuentemente, debe plantearse no solo de forma que los ciudadanos alcancen la protección del Estado y de los otros poderes públicos, sino procurando que ellos estén preparados para alcanzar por sí mismos tal protección".
Nos falta hueco para describir cómo, cuándo y dónde debe recuperarse el protagonismo del pueblo, ahí es donde invertir y menos economía del fuego.
Los representantes del Estado, a los primeros brotes verdes de los incendios de la sierra de La Culebra, en Zamora, o del Alto Palancia, en Castellón, deben volver a pisar los pueblos quemados, evitando la captación del voto, procurando que regresa la vida, el aire, en definitiva, que les corresponde según el texto aquí aludido.
