El brillante discurso del juez más alto del escalafón, Carlos Lesmes –presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial– descarna una patología sistémica que subyace en la lamentable y desconcertante situación que atraviesa el Poder Judicial.

Este «j’accuse» denuncia la anomalía de habernos acostumbrado tanto a lo que pasa, que ahora todo parece normal. Y al haber manejos que atañen a la separación de poderes y, por ende, al Estado de derecho, hay que recomponer, en inminencia electoral.

El riesgo de un cierre en falso es elevado al estar en juego la renovación del Tribunal Constitucional (TC) –intérprete de la Carta Magna y garante de la legalidad– y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –órgano de gobierno que nombra y ejerce la potestad disciplinaria sobre jueces y magistrados y cuyo ejercicio nunca debe traducirse, por injerencias políticas, en instrumento para eliminar jueces incómodos.

La convulsión provocada, ante el jefe del Estado y en presencia del mundo político y judicial, tiene que ver con el caos y no debe interpretarse como una simple llamada de atención, una huida hacia delante o sencillamente un «quiero que esto toque fondo».

Lo que no se puede pretender es que uno pisotee su propia dignidad, lo que explica el aviso de dimisión. Lo que sí resulta discutible es la elección de los destinatarios –presidente del Gobierno y jefe de la oposición– de la pública y solemne petición, que debería haberse formulado a la presidenta del Congreso, que ejerce la potestad legislativa del Estado.

Se ha perdido el significado del equilibrio constitucional y la estética. Y con absoluta normalidad, se acepta lo inadecuado, como que  negocien la tortuosa vuelta a la normalidad  el ministro de la Presidencia y el Vicesecretario General de Justicia, Defensa y Política Constitucional del principal partido de la oposición.

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Para Montesquieu –filósofo que defendió la independencia de los tres poderes del Estado– las leyes políticas y su conveniente ordenamiento, construido sobre la base de la separación de los poderes principales del Estado, producen la libertad.

La Constitución del 78, artículo 117, precisa que el poder judicial sea independiente, no que refleje las mayorías del Congreso: «La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley».

En 1985, el PSOE –con una mayoría absoluta indubitada– aprobó la LOPJ 6 /1985 que cambió las reglas del juego. Desde 1978, de los 20 miembros del CGPJ, 12 los elegían los jueces y 8 los partidos políticos. Con la modificación de la ley pasaron a ser todos elegidos por los políticos. Así quedó sepultada la independencia judicial y ahí radica el origen de la actual situación.

Treinta años después, otra mayoría absoluta –esta, del PP– aprobó la LOPJ 7 /2015 que modificaba la anterior. Con la nueva normativa se nombraron los actuales vocales.

El actual principal partido de la oposición ha obstruido las renovaciones cuando no ha estado en el Gobierno y solo ha accedido a reponerlas, como en este caso, desde el poder.

La última modificación, LO 4/2021 –resultado de una alianza entre socios de la moción de censura– enmendaba la que enterró a Montesquieu, pero Europa paró el intento, la renovación del CGPJ quedó bloqueada y las bajas en el Tribunal Supremo, sin cubrir.

Con el resultado sabido: perjuicio a los ciudadanos, porque la Justicia –así colonizada– no puede funcionar con normalidad.

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La irrupción inopinada del juez-en-jefe en el día grande (acto de apertura del Año Judicial), se ha topado con la rebeldía de los vocales del CGPJ que se niegan a ser meros figurantes de un nuevo cambalache, al considerar que la degradación institucional es insostenible y quieren preservarla de los «continuos ataques políticos».

Esta lectura se ve contradicha por quienes consideran que el objetivo último de estos ocho vocales –nombrados a propuesta del PP– es forzar al Gobierno y al principal partido de la oposición a negociar la renovación, lo que concordaría con el interés del partidario de una negociación global.

El Ejecutivo, cuya prioridad es renovar el tribunal de garantías – última palabra en cuestiones nucleares: unidad territorial, política lingüística, indultos– ve cualquier dilación como un aparcamiento sine die de la elección de sus magistrados.

Después del clarinazo, acusando a los partidos de «erosionar la Justicia» y al Gobierno de provocar el mayor «estropicio» de toda la «historia de nuestra democracia», el tablero se ha movido, con ofertas de tanteo – «el teatrillo del PP»– buscando la negociación de un pacto que englobe ambas instituciones.

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Las anomalías, de las que –en el ámbito europeo y español– se saca provecho, al ventear la pérdida de calidad de la justicia española (ningún juez llega al Supremo sin el apoyo de los partidos políticos. España tiene más aforados que ningún Estado de la UE, etc.) son:

Una crisis institucional sin precedentes, propia de la ruptura de los equilibrios entre poderes del Estado –causada por el intervencionismo partidista en el CGPJ– que no ha dejado de avanzar desde 1985.

El discurso de la «desjudicialización» de la política, que conduce indefectiblemente a la «desdemocratización», ¿equivale a que, quienes se dedican al gobierno o a representar un partido, van a gozar de una impunidad, que se ve amenazada por jueces y tribunales?

Ni el poder legislativo ni el ejecutivo pueden realizar todas sus competencias cuando están en funciones. Plenos poderes del poder judicial en funciones, no deja de ser –además de un oxímoron– una anomalía democrática.

El discurso contra los jueces forma parte del argumentario político. Los cuatro mil jueces que ejercen en España merecen respeto sin adjetivos. La falta de interés de la sociedad, «aletargada», agrava la quiebra institucional.

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La falsa normalidad ha encontrado su espacio de confort y España vive un grave conflicto derivado de la intromisión del Gobierno en el Poder Judicial y su afán de controlar el TC.

Quien pretenda hacerse con todo el Poder –Partido, Ejecutivo, Legislativo, Judicial– estaría transgrediendo la Constitución, que establece: «La soberanía reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes».

Si la ley es la separación de poderes, es anormal que el poder político –sea el que sea– controle el poder judicial y viceversa. El PP no es culpable único del bloqueo actual, lo son los dos partidos, que tienen una obligación por igual. No hay espacio para más tácticas y excusas. Para quien se dedica a aplicar las leyes, con la desobediencia expira la credibilidad.

La ley que prohíbe al CGPJ nombrar nuevos magistrados está produciendo «efectos devastadores»: 25% de las plazas del Supremo sin cubrir y 45% de las presidencias de tribunales sin juez titular.

Y el intento soterrado de mantener el CGPJ agonizante, esperando un momento de ventaja tras las elecciones de 2023, resultaría inaceptable.

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Las secuelas: Que jueces con la mejor reputación rechacen la propuesta de formar parte de la lista de candidatos a ocupar puestos en el CGPJ o en el Constitucional, es la mejor prueba de la política de teletienda y del estropicio, calificativo tan correcto como indulgente. Ser propuesto significa ser marcado como progresista o conservador, con demérito de una brillante carrera profesional.

La calidad de una democracia radica en el grado de separación que guardan, entre sí, los poderes del Estado. La anomalía democrática que arrastra nuestro sistema desde 1985 no se compadece en absoluto con la letra ni el espíritu de nuestra Constitución.