En los últimos días vengo observando con sorpresa ciertas reacciones ante la condena al expresidente de la Junta de Andalucía, don José Antonio Griñán. Como saben, ha sido condenado, entre otras cosas, a inhabilitación para cargo público y seis años de cárcel. Sin que hasta ahora haya sido hecha pública la sentencia, lo que sabemos es que la condena se produce por malversación, esto es, porque bajo su mandato, como bajo el del también expresidente Manuel Chaves, se han empleado inadecuadamente 680 millones de euros en falsos ERE, en los que, con el pretexto de la reestructuración de empresas y protección de empleo para los desempleados, se han cometidos desde la administración autonómica un amplio número de tropelías e irregularidades (durante el tiempo en que Griñán era consejero de Economía y Hacienda se siguió haciendo lo mismo, pese a las advertencias de la Intervención).
El argumento de los sucesivos tribunales que han sentenciado el caso es que queda probado que ambos presidentes (y otra serie de responsables políticos y administrativos también juzgados y condenados) eran sabedores de esas irregularidades (si no impulsores), y que no hicieron nada por modificar la situación. Naturalmente, a nadie se le escapa que todas esas irregularidades fomentaban el voto cautivo y agradecido para el PSOE y, por tanto, que, en último término, eran beneficiarios (conscientes) de ello la organización en su conjunto y, especialmente, directivos y cargos públicos.
Pues bien, tras la última sentencia, se ha iniciado una campaña de declaraciones y firmas de cargos y figuras de relieve socialistas solicitando el indulto para don José Antonio porque "es una persona honrada" y "no se ha lucrado en un céntimo". Es posible, y, si quieren seguro, y aun, por lo que sabemos de la sentencia, nada se dice en ella al respecto; pero al señor Griñán no se lo condena por ello, sino por lo que hemos dicho arriba, que son hechos incontrovertibles, tanto en sí mismos como en el provecho que de ellos se obtenía. Lo único que podría salvarlos, tanto a él como al señor Chaves, es que no se hubiesen enterado de nada de lo que pasaba en su Gobierno (o en su consejería, en su momento), lo que es difícil de creer y, desde luego, no cree la sentencia, y, así y todo, tendrían una responsabilidad "in vigilando".
Uno, por lo tanto, queda sorprendido ante este clamor porque una sentencia, firme en segunda instancia, no se cumpla. Y recuerda, al tiempo, cómo otra sentencia, la del golpe de Estado dado en Cataluña para proclamar su independencia (que esa es la nuda cuestión, vístase como se vista), se haya visto burlada por el indulto concedido a algunos de los provocantes, que por cierto, no dejan de proclamar que volverán a hacer lo mismo en cuanto puedan. (¿Recuerdan, por cierto, la aseveración de don Pedro Sánchez-Castejón de que los condenados del "procès" deberían cumplir íntegras las penas? ¿Y cuando calificaba de sinsentido que un político indultase a otro?).
A uno, a la vista de estos ninguneos a la justicia (a propósito, ¿de aquello de Jordi Pujol qué fue, "¿qué se fizo el rey don Jordi?") y de los rigores en otros casos, y sin que tenga nada que ver con el asunto, lo asaltan de repente aquellos versos de don Luis de Góngora: "Porque en una aldea, / un pobre mancebo / hurtó sólo un huevo / al sol bambolea; / y otro se pasea / con cien mil delitos".
