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Susana Solís

Futuro Europa

Susana Solís

Eurodiputada asturiana por Ciudadanos

Asturias tiene 66 millones en la cuerda floja

La tardanza del plan territorial pone en jaque el Fondo de Transición Justa

En 2018 arrancó todo. Con la primera reunión de Plataforma de Regiones de Minería del Carbón en Transición ocho provincias españolas unieron fuerzas con otros puntos de Europa para reclamar que el proceso de descarbonización, tan inevitable como duro, no dejase a nadie en la estacada. En España, además, habíamos ido por delante de los planes de Bruselas con el final de las minas de carbón y el plan de cierre de las térmicas. Y esto tuvo un coste en empleo y pujanza económica que precisaba de una contrapartida.

Tres años pasaron entre esta primera reunión y la aprobación del Fondo de Transición Justa, una vía de financiación pensada específicamente para provincias como Asturias, León o A Coruña. Un elemento esencial para nuestra economía por su marcado carácter industrial y que, sin embargo, corre un serio peligro de acabar perdiéndose en la nada. Por desidia, por llegar a los plazos con la lengua fuera, como el estudiante que deja todo para el último día y después reza para que ocurra el milagro.

La situación es la siguiente: desde algunas instancias de la Comisión Europea se está empezando a alertar sobre el riesgo real para España de perder una anualidad de esta partida por no entregar el plan de transición a tiempo. Poniéndolo en cifras, España se quedaría sin 200 millones de euros en un momento en el que la industria sufre de forma muy acusada el desbocado precio de la luz y la ausencia de un plan energético o industrial por parte del gobierno.

Asturias sería la región más afectada. La partida que se podría perder asciende a 66 millones de euros, que deberían ir directamente a las comarcas mineras, a propuestas alternativas para las térmicas o a potenciar el sector de las renovables, que ya cuenta con varias empresas pujantes en la región pero que sigue necesitando un apoyo decidido por parte de las administraciones. Y, sobre todo, a la formación: asegurarse de que los trabajadores mejoran y actualizan sus habilidades para ser competitivos con las nuevas exigencias del mercado laboral.

La pregunta es evidente: ¿cómo hemos llegado a este punto? El gobierno centralizó la gestión de estos fondos en el Instituto de Transición Justa, encargado de pedir proyectos a las Comunidades Autónomas para luego elaborar el plan de transición y remitirlo a Bruselas. Este plan todavía se encuentra en una fase incipiente a algo menos de tres meses de que acabe el año.

Según la última información disponible, el primer borrador de los Planes Regionales de Transición Justa se remitió ya a la Comisión, la cual lo devolvió a España con notables modificaciones, señalando defectos de forma y errores a subsanar. El ministerio de Transición Ecológica, asimismo, abrió un nuevo periodo de consultas a las comunidades autónomas que finaliza el 15 de octubre.

Pensemos, aunque sea improbable, que el 16 de octubre el Ministerio remite el documento final a Bruselas. Incluso así se estaría incumpliendo el plazo de tres meses que la Comisión pide para poder llevar a cabo la evaluación y aprobación de los planes. Fuentes de Bruselas me indican que el contenido de los planes no se ajusta a la normativa de competencia o al ámbito de aplicación del fondo, especialmente enfocado en la formación de trabajadores afectados por el proceso de descarbonización. Habría que encomendarse a la buena fe del Ejecutivo comunitario para que active el turbo y solucione la papeleta antes del 31 de diciembre. La comisaria de Desarrollo Regional, Elisa Ferreira, está al tanto de estas preocupaciones.

¿Era necesario apurar tanto los plazos para conseguir unos fondos tan cruciales para todas estas regiones dependientes de la industria y el sector energético que necesitan tener un futuro laboral digno y estable?

Esta semana he estado en Galicia y Asturias junto a otros nueve eurodiputados de la comisión de Industria del Parlamento Europeo. Además de españoles, alemanes, daneses y finlandeses. Las conclusiones son claras: hay empresas y oportunidades para transformar la región, pero alcanzar este objetivo será imposible si no se cumplen ciertos requisitos.

Lo hemos visto en Navantia, Reganosa, Alcoa y ArcelorMittal. La llegada de fondos europeos es una condición indispensable, pero hay factores que lo están retrasando: procesos administrativos lentos, exceso de burocracia y plazos poco claros, como señalé antes con el caso de los fondos de Transición Justa.

El noroeste español debe ser un polo internacional de hidrógeno verde, astilleros e industria descarbonizada. Tenemos las plantas de regasificación, y el talento y la experiencia que nos dan décadas de exportar al mundo productos de primera calidad.

Pero nuestras carencias pueden poner en peligro todo lo conseguido. Y aquí tenemos que hacer una reflexión tanto a corto como a largo plazo. Además de la burocracia, en España arrastramos desde hace años un problema enquistado que corre el riesgo de volverse terminal. Hablo de los precios de la energía, algo especialmente visible ahora pero que lleva décadas lastrándonos. A corto plazo, sin un estatuto de empresas electrointensivas que esté a la altura y un apoyo decidido a compensar los altos costes, el sector industrial está perdido.

El caso de ArcelorMittal es ejemplo de este despropósito del gobierno. Esta misma semana la ministra Ribera sacó pecho diciendo que estaban presionando en Bruselas para recibir luz verde de la Comisión para el plan de descarbonización de las plantas asturianas y vasca. Hace más de un año Sánchez anunció a bombo y platillo en Gijón que aportarían 500 millones de euros, la mitad de la partida necesaria para remodelas las plantas y adecuarlas al nuevo paradigma.

Pero de un lado están los fuegos artificiales y de otro, la realidad. Los retrasos en la presentación de planes y el escaso interés en apurar las ayudas de estado son evidentes. Y aquí es donde tenemos que aplicar una estrategia a largo plazo. Alemania, sin ir más lejos, aprobó un paquete de ayudas de 1.700 millones para rebajar impuestos a las electrointensivas. El compromiso debe ser bidireccional: un Estado que apoya a su industria y una industria que apuesta por invertir, modernizar y mantener el empleo. Sin esta simbiosis, regiones como Asturias y países como España están condenados a la precariedad y a no tener perspectivas de futuro.

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