En el año 2021 la recaudación tributaria ascendió a 223.385 millones de euros, con un crecimiento del 15,21 por ciento respecto del año anterior y del 5 por ciento en relación al ejercicio 2019, anterior a la pandemia del Covid-19.
La recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aumentó un 14,5 por ciento, alcanzando los 72.498 millones de euros. El Informe Anual de Recaudación Tributaria, publicado por la AEAT, destaca que en el segundo semestre del año se aceleró el crecimiento de los ingresos, en buena parte como consecuencia de la subida de precios que se produjo en este período, especialmente en los últimos meses del año, a pesar de la rebaja en el tipo de gravamen sobre el consumo doméstico de electricidad, que tuvo un coste recaudatorio de 500 millones de euros.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), los ingresos crecieron un 7,5 por ciento, hasta 94.546 millones de euros, impulsados principalmente por el incremento de las bases imponibles declaradas: las rentas brutas de los hogares aumentaron el 5,9 por ciento y las rentas del trabajo el 4,3 por ciento.
Sin embargo, los hogares españoles perdieron poder adquisitivo en este ejercicio. La subida salarial media de los convenios firmados en 2021 fue del 1,47 por ciento y las pensiones se revalorizaron el 0,9 por ciento, con una subida de las pensiones mínimas del 1,8 por ciento. Los precios se incrementaron en el conjunto del año en el 6,5 por ciento, con una inflación subyacente del 2,1 por ciento y una inflación anual media del 3,1 por ciento.
Para el año 2022, las pensiones se revalorizaron el 2,5 por ciento, en función del IPC medio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, y las pensiones mínimas y no contributivas se incrementaron el 3 por ciento. Por otra parte, el incremento salarial medio de los convenios firmados en el primer semestre de 2022 fue del 2,42 por ciento y el de los empleados del 2 por ciento.
En esta coyuntura inflacionaria (el índice adelantado del mes de septiembre refleja un IPC general del 9 por ciento y una inflación subyacente del 6,2 por ciento) lo razonable había sido que el gobierno aprobara medidas destinadas a adaptar la carga tributaria a la pérdida de poder adquisitivo de los españoles.
Como es de sobra conocido, las únicas medidas que se adoptaron en esta dirección fueron las rebajas en los tipos impositivos del IVA y el Impuesto Especial que gravan la electricidad y la supresión de la aplicación del Impuesto sobre el Valor de la Energía Eléctrica. Ni se consideró la reducción del IVA sobre bienes de consumo básico para compensar las subidas generalizadas de precios, ni la deflactación de las tarifas de tipos de gravamen y la actualización del importe de desgravaciones y mínimos personales y familiares del IRPF.
En contraposición a la política seguida por el gobierno central, en las Comunidades Forales del País Vasco y Navarra se deflactó la tarifa de tipos impositivos aplicables a la base liquidable general (al 1,5 por ciento en el País Vasco y al 2 por ciento en Navarra) y se aprobó un incremento en las cuantías de los mínimos personales y familiares. En una línea similar, sin deflactar la tarifa, cuatro Comunidades Autónomas de régimen común, Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia, aprobaron reducciones en los tipos de gravamen autonómicos.
La ausencia de medidas para adaptar a los efectos de la inflación la normativa tributaria está teniendo importantes consecuencias recaudatorias. El Informe Mensual de Recaudación Tributaria correspondiente al mes de agosto, publicado el viernes 30 de septiembre, muestra que los ingresos tributarios de los primeros ocho meses del año fueron de 168.797 millones de euros, lo que supone un incremento de 17.100 millones de euros, el 19 por ciento, en relación al mismo período del año anterior.
Entre los factores que explican este crecimiento destaca el Informe el crecimiento del 20,1 por ciento en la recaudación del IVA, por la mejora del gasto y la subida de precios, y el aumento del 12,8 por ciento de las retenciones sobre los rendimientos del trabajo como consecuencia del aumento del empleo y las subidas de salarios y pensiones, con el consiguiente incremento del tipo de gravamen efectivo soportado por los contribuyentes.
