Rotundamente, con los datos en la mano, se puede afirmar que la ineficaz, ideologizada e irresponsable transición energética, basada en importar combustibles fósiles (las compras de gas se disparan un 318% interanual y las del petróleo un 101%) y en destruir la base de producción propia, es la originaria de los desorbitados precios del recibo de la luz y del racionamiento energético que se barrunta. Lo matizo... Cualquier transición energética racional debe ser planificada por los representantes, consensuada con el voto de los representados y conformada al ritmo que nos marque el rigor científico y los parámetros económicos que concluyan en el bienestar de los ciudadanos. Y aplicada con memoria económica para su implementación a corto, medio y largo plazo mediante innovación y diversificación. Al punto tecnológico del momento, el paso del negro carbón a una energía limpia y autóctona, pasa ineludiblemente por la fisión, por la fusión y por los recursos propios. A pesar de tener tres mil horas de sol (Alemania novecientas) apostar por un cien por cien renovable es una temeridad, por ser esta energía –al menos hasta ahora– deficitaria, pues después de haber invertido cien mil millones de euros solo aporta un 20% de la demanda, cuando si esa inversión hubiera sido nuclear alcanzaríamos un 78%. Y peligrosa, pues los materiales importados, de paneles y baterías, son altamente contaminantes. España necesita una política energética inherente a la seguridad y estabilidad como ocurría hace unas décadas cuando éramos la séptima potencia nuclear mundial y la primera en presas de agua per cápita del mundo. No se trata de caer en la autarquía o en un proteccionismo extremo, sino de entender que para evitar peligros y situarnos como un actor geopolítico respetable no podemos autoimponernos limitaciones prohibiendo el beneficio de nuestros recursos naturales. Las fuentes renovables (biocombustibles, residuos, eólica y solar) aportan al consumo energético de la UE el 13,5%, un 10% menos que la nuclear; mientras el petróleo y el gas natural un 72,4%. Con esto, las emisiones de la Europa de los 27 mas el Reino Unido, representa el 8,6% de las emisiones de CO2 mundiales y las de España el 7,8% europeo, es decir, un 0,6 de todo el planeta. Mientras tanto se impone la voladura de las térmicas, la demolición de embalses, el cierre de nucleares, y se prohiben la extracción gasística, petrolífera, de litio o de uranio. Este modelo energético "suicida" tiene un alto coste, nada es gratis y las decisiones tienen consecuencias: los precios de la energía se multiplican y la tarifa es una máquina de recaudar, lo que atenaza a las familias perdiendo poder adquisitivo y ahorro, dificulta la actividad productiva del sector primario y hace perder competitividad a la industria, llegando, incluso, a hacer imposible la producción en el sector electrointensivo, como está ocurriendo en Asturias. Todos los países están reaccionando para reducir lo máximo posible la dependencia energética. La administración española, lejos de prevenir escenarios que gravitan en el ámbito internacional energético y abordar reformas estructurales en el sector, sigue porfiando en la intervención de los mercados, jugando en el corto plazo con medidas de ahorro en el consumo que van reñidas con el crecimiento económico. En lugar de comprar el doble de gas ruso que hoy hace un año, de hablar de recortes de energía y de aplicar intervenciones heterogéneas e ineficaces, se debería actuar para eliminar ese subterfugio de impuesto al CO2, sacar de las tarifas los costes regulados, expulsar del mercado la burocracia que penaliza la inversión, limpiar los pantanos para aumentar la energía más barata: la hidroeléctrica, permitir la explotación del petróleo marino de Canarias y del gas –mediante fractura hidráulica– que se almacena en una amplia franja que va desde Gijón hasta Huelva pasando por Salamanca, ampliar los contratos de los reactores en funcionamiento e instalar otros nuevos de alta temperatura de nueva generación con sólo tres años de plazo de ejecución. Medidas éstas para cubrir las necesidades energéticas que permitan el crecimiento económico sin tener que limitarlo. En suma, la transición energética aplicada es un sistema fallido e intervenido donde más del 75% de los costes son regulados e impuestos concatenados por transmisión, generación, distribución y comercialización.
