La dimisión el pasado 9 de octubre de Carlos Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parece haber conmovido la situación larvada de casi cuatro años de caducidad del mandato del órgano de gobierno de los jueces. Su gesto teatral obligó al Gobierno y al PP a sentarse inmediatamente para establecer algún mecanismo de encauzamiento de una solución viable a corto plazo. Además, su ausencia provocada en el acto del 12 de octubre dejó patente también esa crisis institucional largamente consentida.
Porque Carlos Lesmes no ha sido ajeno al deterioro de una institución relevante para el buen funcionamiento de la justicia en nuestro país, que la derecha ha querido secuestrar con el afán perverso de prolongar su mayoría, proveniente del mandato de Rajoy, a toda la legislatura, con la esperanza de extender su dominio hasta que vuelva a haber otra alternancia y mantener así el poder judicial bajo su tutela ideológica.
Aunque el Gobierno, haciendo uso de su mayoría parlamentaria, le limitó su capacidad de nombramientos, su parálisis produce problemas muy serios en la administración de justicia, pues faltan numerosos cargos por cubrir, e incluso hay salas del supremo prácticamente inactivas.
Esa mayoría conservadora del CGPJ actúa con una rebeldía, no solo impropia de la justicia, sino carente de todo respeto por la democracia y sus instituciones, incluida la Casa Real, que también se vio despreciada por ese grupo conservador, al negarse a aceptar la invitación que les fue cursada para la conmemoración de la fiesta nacional.
Ahora, el último acto de insumisión los ha llevado a negarse a nombrar a los dos miembros del Tribunal Constitucional, que les corresponde y que el Parlamento les facilitó para que el órgano de garantías pudiera cambiar los cuatro miembros que están pendientes para su adecuación al momento presente.
Sin embargo, salvo que Feijóo se decida a hacer un lavado de imagen para superar su negativismo pertinaz como arma política, es poco probable que el acuerdo se alcance, pues todo parece indicar que el PP considera que esta huida hacia delante le favorece y así acreditar un cambio radical, si las urnas le dan esa opción.
Desearía equivocarme y que pronto se desbloquee este proceso, pero en cualquier caso la alarma existe y ese apoderamiento de la justicia tiene la mano muy larga.
Hay en esa rebeldía conservadora un cariz muy peligroso y es que parten del criterio libérrimo de que este gobierno de coalición progresista, (al que sus componentes llaman "socialcomunista"), es ilegítimo y debe caer cuanto antes, usando un guerrracivilismo grosero, que conduce su comportamiento.
Entre tanto, asombrémonos con algunas sentencias recientes, que se instalan en el puro franquismo y en la protección de la impunidad de delincuentes de cuello blanco que se van de rositas de todas sus fechorías.
La dimisión el pasado 9 de octubre de Carlos Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parece haber conmovido la situación larvada de casi cuatro años de caducidad del mandato del órgano de gobierno de los jueces. Su gesto teatral obligó al Gobierno y al PP a sentarse inmediatamente para establecer algún mecanismo de encauzamiento de una solución viable a corto plazo. Además, su ausencia provocada en el acto del 12 de octubre dejó patente también esa crisis institucional largamente consentida.
Porque Carlos Lesmes no ha sido ajeno al deterioro de una institución relevante para el buen funcionamiento de la justicia en nuestro país, que la derecha ha querido secuestrar con el afán perverso de prolongar su mayoría, proveniente del mandato de Rajoy, a toda la legislatura, con la esperanza de extender su dominio hasta que vuelva a haber otra alternancia y mantener así el poder judicial bajo su tutela ideológica.
Aunque el Gobierno, haciendo uso de su mayoría parlamentaria, le limitó su capacidad de nombramientos, su parálisis produce problemas muy serios en la administración de justicia, pues faltan numerosos cargos por cubrir, e incluso hay salas del supremo prácticamente inactivas.
Esa mayoría conservadora del CGPJ actúa con una rebeldía, no solo impropia de la justicia, sino carente de todo respeto por la democracia y sus instituciones, incluida la Casa Real, que también se vio despreciada por ese grupo conservador, al negarse a aceptar la invitación que les fue cursada para la conmemoración de la fiesta nacional.
Ahora, el último acto de insumisión los ha llevado a negarse a nombrar a los dos miembros del Tribunal Constitucional, que les corresponde y que el Parlamento les facilitó para que el órgano de garantías pudiera cambiar los cuatro miembros que están pendientes para su adecuación al momento presente.
Sin embargo, salvo que Feijóo se decida a hacer un lavado de imagen para superar su negativismo pertinaz como arma política, es poco probable que el acuerdo se alcance, pues todo parece indicar que el PP considera que esta huida hacia delante le favorece y así acreditar un cambio radical, si las urnas le dan esa opción.
Desearía equivocarme y que pronto se desbloquee este proceso, pero en cualquier caso la alarma existe y ese apoderamiento de la justicia tiene la mano muy larga.
Hay en esa rebeldía conservadora un cariz muy peligroso y es que parten del criterio libérrimo de que este gobierno de coalición progresista, (al que sus componentes llaman "socialcomunista"), es ilegítimo y debe caer cuanto antes, usando un guerrracivilismo grosero, que conduce su comportamiento.
Entre tanto, asombrémonos con algunas sentencias recientes, que se instalan en el puro franquismo y en la protección de la impunidad de delincuentes de cuello blanco que se van de rositas de todas sus fechorías.
