Suscríbete La Nueva España

La Nueva España

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Fernando Granda

El desprestigio aumenta y se expande

La renovación del Consejo General del Poder Judicial

El prestigio disminuye. Esa es la situación pero dicho así parece más suave, más benevolente que decirlo en negativo. El desprestigio aumenta y se expande. Si el populismo pregona el desprestigio de la política y responsabiliza a los políticos señalando que "todos son iguales", el respeto, la autoridad de los jueces se va precipitando por la pendiente del desprestigio y puede alcanzar a la profesión en general. Y una de las muchas razones se debe a la actuación de sus máximos representantes. Los alrededor de cuarenta meses que llevan caducados diversos órganos del poder judicial lo atestiguan.

¿Se imaginan que un significativo número de diputados o senadores se negase a renovar el Parlamento? ¿Qué ocurriría si la mitad de los ministros se negase a dimitir ante la renovación del Gobierno tras la correspondiente convocatoria electoral? ¿Responsabilizarían a los jueces de su negativa? Si un ciudadano incumple la ley es castigado, destituido o dimite y se hace responsable del incumplimiento. Los jueces y los políticos que sostienen ese incumplimiento ¿están libres de culpa tras quebrantar la ley?

Si los encargados de juzgar el cumplimiento de la ley no la cumplen ¿qué papel les queda? Por supuesto que el problema radica en los órganos de gobierno de los jueces, no en el colectivo judicial que realiza su labor sin sobresaltos destacables, cumpliendo y aplicando la legislación vigente con normalidad.

Si a una mesa con tres patas se le quiebra una el mueble se cae. Si uno de los tres poderes del Estado democrático falla, la democracia se resiente y el país no funciona. Y si falla por voluntad propia o inducido por cualquiera de los otros dos, falla la democracia. Y no es asumible que los componentes o sus representantes/superiores de ese poder que falla sigan ocupando un cargo del que han superado su mandato. El argumento o la disculpa de que no se puede funcionar sin ese órgano, en este caso el tercero de los poderes del Estado, es verdadero. Y aunque la prueba es que la vida del país apenas se ha resentido, el problema se sitúa en el mundo político y claramente en el judicial. Por lo tanto, éticamente la obligación de los que acaban su mandato es dimitir. Como dimite cualquier otro profesional si su función declina. Puede hacerlo por ética, por cese funcional, porque muchas de las decisiones que ha de tomar no le corresponden, para no entorpecer las decisiones del órgano al que fue elegido por un periodo determinado. Y hasta argumentarlo con razones personales. Cuatro años de incumplimiento son muchos en un sistema democrático.

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, declaraba días pasados: "La justicia no pertenece a los jueces, emana del pueblo, como todos los poderes del Estado". Es decir, el puesto en el Tribunal Supremo o en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no es en propiedad, es una delegación del pueblo, de los contribuyentes, de quienes tienen derecho a elegir. Al ser preguntado sobre la situación de este último órgano judicial el nuevo fiscal general responde que "es insostenible. Una institución del Estado que lleva cuatro años en prórroga es una situación absolutamente anormal. Creo que lo que está ocurriendo es un incumplimiento de una obligación institucional".

Con la visita a España del Comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, se especuló si lograría una solución al distanciamiento del Partido Popular de las formaciones de izquierda. Sin embargo el fiscal general señalaba a "El País" que no ha resuelto nada porque no tiene dicho Comisario ninguna capacidad para imponer estándares que existen para unos países y para otros no. Y ante las exigencias de los partidos de la derecha, señala García Ortiz que el sistema español es "mejorable…, pero desde luego impecable jurídica y constitucionalmente, acomodado al texto de nuestra Carta Magna".

Compartir el artículo

stats