Para pandemia, la de la Administración

El sistema de la cita previa beneficia a los funcionarios y no acelera la tramitación

Xuan Xosé Sánchez Vicente

Xuan Xosé Sánchez Vicente

Estos días LA NUEVA ESPAÑA promueve una campaña de esclarecimiento y denuncia de las demoras de la Administración causadas por la cita previa, que es un mecanismo más de inferir las molestias y daños habituales que con sus retrasos frecuentes provoca el Estado. No es la única la Administración (estatal, autonómica, municipal) la que ha implantado la norma diferidora postpandemial, también lo han hecho algunas empresas en su atención al público.

Sobre los retrasos, inconcebibles a veces, de la Administración están apareciendo en estas páginas ejemplos frecuentes: "El colmo de la burocracia: dieciocho años para obtener un permiso para fabricar galletas artesanales", por ejemplo, o "Aunque parezca mentira, llevamos ya cinco años peleando con las licencias". Pero no hablamos ahora de trámites para inversiones o empresas, sino de esos retrasos de días o meses que sufren los ciudadanos para trámites corrientes: una cita en el médico, una certificación del Ayuntamiento, renovar el carné de identidad…

Pues bien, ese procedimiento ocasiona molestias y retrasos al ciudadano, retrasos que, en algunos casos, le hacen llegar fuera de plazo para otras actuaciones administrativas. Y añadamos que, en no pocas ocasiones, el conseguir ser atendido para obtener la cita previa constituye un verdadero calvario de llamadas inútiles a teléfonos que nunca se descuelgan, que siempre están ocupados o que nos piden paciencia hasta que se cortan de por sí. Pónganse ustedes ahora en el lugar de una persona tal vez mayor, tal vez poco ducha en las artes digitales –cuando la cita requiere ese camino–, y sentirán la desesperación, impotencia y ganas (o, más bien, necesidad) de proferir maldiciones de los afectados.

No se entiende de ninguna manera que, tras haberse superado los momentos más difíciles de la pandemia, en lo que las autoridades califican ahora como "de normalidad", no se vuelva a la situación de "normalidad" anterior. Ya que la cita previa implica una dilación injustificable para recibir al ciudadano, supone molestias o perjuicios para él y entraña mayores costos en la Administración. ¿La razón? Porque el tiempo calculado entre cita y cita es un tiempo generoso, y, por tanto, el número de personas diarias atendidas es mucho menor. Sin contar con que suele haber inasistencias y durante ese período, reservado pero no ocupado, no se atiende a nadie. Pregúntense ustedes en qué tiempo antes llegaban a un mostrador y cuánto tardan ahora en llegar.

¿Y a quién beneficia el sistema? Digámoslo con claridad: únicamente a los funcionarios de toda condición, sexo y ventanilla, a su comodidad, lo mismo que el teletrabajo los beneficia a ellos, mientras que es dudoso que acelere la tramitación administrativa.

Alto y claro: la cita previa es un abuso, una tropelía, una arbitrariedad. Es el virus postpandémico que se ha instalado en nuestra sociedad, con daño, naturalmente, para el ciudadano.

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