Aunque, al modo en que Atenea envolvió a Ulises en una nube para que no fuese visto, traten de culpar a jueces y serpientes machistas del desastre, lo cierto es que la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual o del "solo sí es sí" es una chapuza que ha puesto en la calle a algunos condenados por delitos sexuales y a otros les ha rebajado las penas, y que, pese a las instrucciones del Fiscal General y a lo que diga el Supremo, va a seguir haciéndolo. Una chapuza, pues, sin paliativos, que va a beneficiar a delincuentes y condenados por el Código Penal modificado por esta ley.
Y junto con el daño, la miseria moral y el espectáculo sainetesco. Lo último, por ejemplo, la parte Gotera del Consejo (Igualdad), echando la culpa a la parte Otilio (Justicia) de no haber mirado bien lo de las penas.
Ahora bien, en la goterotiliada no están solos el Presidente y los ministros, lo están también todos y cada uno de los diputados que votaron a favor de la ley. La mayoría porque votan lo que les ponen delante los suyos, sin mirarlo: Aitor Esteban (PNV): "Nosotros pensábamos que el Gobierno había mirado bien las cosas". Otros por cobardía: Marcos de Quinto (ex-Ciudadanos): "Si hubieran hecho caso de las enmiendas de Ciudadanos, esto no habría pasado". Pero votaron a favor.
La cosa es aún más grave, porque sí había informes jurídicos de todo tipo e instituciones avisando de esta y otras chapuzas o insensateces, pero, como siempre ocurre, fueron a la papelera, porque quién es nadie para modificar lo que los señoritos y sus aplaudidores han decidido que son el bien absoluto o la conveniencia innegociable.
¿Qué se puede decir en descargo de la chapuza (no tanto del empeño en mantenerla, como diremos enseguida)? Pues que los goterotilianos siguen una castiza tradición, muy gubernamental, muy cortesana y muy de todas las autonomías, la de "legislar con las témporas", troquelación pudorosa (recuerden aquello de "confundir...") que usé por primera vez hace varios quinquenios aquí, en LA NUEVA ESPAÑA, y que repito a menudo. En efecto, y al margen de los disparates legislativos, los textos legales del Estado y las comunidades menudean en posdisposiciones que, bajo el nombre de "corrección de errores", constituyen auténticas modificaciones del texto inicial.
No crean que esa chapuza del Gobierno o de los gobiernos es excepcional, un lapsus ocasional, no, es el sistema. Por no meterme en fondures. Miren la aplicación de la LOMLOE. Ahí tienen a los barbonianos del Gobiernu. Entregan tarde las normas (a una semana de empezar el curso). Exigen los papeles para ya (los profesores se han convertido progresivamente, y la LOMLOE lo acentúa, en el quevedesco "Érase un hombre a un papel pegado; las doce tribus de papeles era"), después para diciembre, ahora para final de curso. ¿No sabían que no se podía cumplir con lo que exigían? Malo. ¿Tampoco en la primera rectificación? Peor. ¿Entonces de qué saben? ¿Quién legisla u ordena?
No se engañen. Las chapuzas no son casualidades: son fruto de la ignorancia y del desprecio de la realidad, de la soberbia de no querer escuchar y de una insaciable voluntad de mandar e imponer.
Y volviendo a la Ley 10/2022. Algunas personas, nada sospechosas, ya han pedido una rectificación. Aitor Esteban, por ejemplo, o don Adrián Barbón: "¿Tanto cuesta reconocer un error y buscarle solución?". O los mismos partidos extragubernamentales que lo apoyaron.
¿Rectificarán, esto es, corregirán? Pues no: antes muertos que doblados, porque creen que, así, pierden más que la pérdida que se deriva del escándalo de las modificaciones de penas por el error. Ya abocanará, se dicen.
Y es que, en el fondo, más que la realidad y las víctimas, su mayor preocupación son ellos mismos; es decir, su poder.
Esto es, denle una vuelta, su mayor preocupación son sus votantes.
