El plan anticrisis, un alivio que no resuelve el problema de fondo
El flamante secretario de Estado de Industria, Francisco Blanco, tiene ante sí una ocasión de oro para demostrar su compromiso y el del Gobierno al que pertenece en el mantenimiento de un sector clave en la región
Una mujer sale de un supermercado con un carro de la compra, a 27 de diciembre de 2022, en Mejorada del Campo, Madrid (España). El Gobierno ha suprimido durante seis meses el IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos / Alberto Ortega - Europa Press
El presidente del Gobierno español presentó el martes un nuevo paquete de medidas anticrisis que entrará en vigor el 1 de enero, entre las que destacan la supresión del IVA en los alimentos básicos y la entrega de un cheque de 200 euros a las familias más expuestas a la fuerte subida de los precios. También se anuncia un tope para los alquileres, al tiempo que se elimina la bonificación generalizada al combustible. El decreto aprobado por el Consejo de Ministros prevé movilizar 10.000 millones de euros, lo que eleva a 45.000 el gasto público asignado a paliar los efectos de la inflación desde que se desatara la guerra en Ucrania. Sin cuestionar las medidas sociales en favor de los sectores más vulnerables, cabe preguntarse por la efectividad a medio plazo de las propuestas, que incrementarán la ya muy elevada deuda del país e hipotecarán el futuro de las próximas generaciones.
Asturias sufre como quien más la lacerante situación económica que lastra al país. Los datos demográficos más recientes y la menguante tasa de actividad de la región no conducen tampoco al optimismo. Más bien al contrario, la alarmante pérdida de población y de personas en edad de trabajar, en ambos casos entre las más bajas de Europa, condenan a la comunidad autónoma a un progresivo despoblamiento, ya muy evidente en las alas. Según las previsiones, el Principado tendrá en 2050 un 28% menos de habitantes por la diferencia entre muertes y nacimientos. Cada vez menos y más envejecidos, con la tasa de fertilidad más baja del continente y, por el contrario, con una de las más elevadas en dependencia de las personas mayores.
Las ayudas paliativas anunciadas esta semana a bombo y platillo por el presidente Pedro Sánchez merecen reconocimiento por lo que suponen de alivio para los sectores que más lo necesitan, pero no resuelven el problema de fondo.
La inflación, ese monstruo de siete cabezas que arrasa la economía, empobrece a las familias y ataca la competitividad de las empresas, ha engordado notablemente durante los últimos meses las arcas públicas: 33.000 millones de euros de exceso de recaudación, según los datos oficiales. Por lo que cabría deducir que buena parte de las ayudas previstas a partir del 1 de enero ya las habíamos pagado entre todos los españoles los 365 días anteriores, con el incremento del precio de los alimentos y los combustibles y su correspondencia en el aumento de impuestos como el del valor añadido, que en parte ahora se recorta.
Un simple cálculo como el realizado por este periódico el pasado jueves confirma que la derogación de las ayudas al carburante –la bonificación de 20 céntimos por litro a la hora de repostar– anula la bajada del IVA de los alimentos. Así, una familia de cuatro miembros ahorrará 3,5 euros en la compra, pero pagará 4,2 euros más si uno de sus miembros utiliza el vehículo propio para un desplazamiento diario de Oviedo a Gijón.
Las medidas se aplicarán en el inicio de un año de llamada a las urnas, en el que además de elegir a alcaldes, concejales, presidentes y parlamentarios autonómicos los comicios supondrán de alguna manera también un plebiscito para el Gobierno y su controvertida política de alianzas para mantenerse en el poder sin sobresaltos. No les falta razón a quienes acusan al PSOE de haber activado con excesiva antelación el modo campaña. Sorprende que actuaciones como la anunciada bajada del IVA de los alimentos las propuso el PP hace meses y fueron rechazadas por el Presidente y varios de sus ministros.
Bienvenido sea el incremento del gasto social encaminado a proteger a los sectores más castigados por esta crisis, pero Asturias y su corazón industrial se juegan también su futuro inmediato con el plan estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) de descarbonización industrial, aprobado igualmente esta semana y con capacidad para movilizar una inversión de 11.800 millones de euros. Esta iniciativa resulta esencial para la región porque a ella corresponde dar cobertura al ambicioso plan para transformar las instalaciones siderúrgicas de ArcelorMittal en Gijón, un proyecto que costará 1.000 millones de euros, que precisa de 500 de ayuda pública y que certificaría la pervivencia de la factoría.
La región cuenta ahora con un asturiano en un puesto clave, lo que sin duda es una buena noticia. El flamante secretario de Estado de Industria, Francisco Blanco, tiene ante sí una ocasión de oro para demostrar su compromiso y el del Gobierno al que pertenece en el mantenimiento de un sector clave en la región. Velar por que sectores destacados en Asturias, como el acero, el papel, el aluminio o los alimentos, resulten beneficiarios de las ayudas a las industrias gasintensivas, a las que también aludió el presidente del Gobierno, resulta prioritario. Si el Principado ha hecho el esfuerzo enorme y casi sin rechistar de acelerar al cierre de las centrales térmicas para asumir los planes de descarbonización que patrocina la Unión Europea, lo lógico es que sea recompensada en igual medida en el camino hacia un nuevo modelo que garantice la viabilidad de la gran industria y sus empleos.
