¿Se acabó el "procés"?

Que la cuestión catalana constituye un factor sobresaliente de la política española resulta obvio; sin embargo, resulta oportuno recordarlo y tenerlo bien presente. Los hechos que aconsejan a los españoles no permitirse ninguna distracción en este asunto se han multiplicado en la última década. Aunque la política catalana ya había demostrado en la II República su potencial para causar un desastre en la española, nunca se había manifestado en Cataluña la aspiración soberanista con tanta fuerza ni una división tan profunda en las actitudes políticas de los catalanes hacia España. El problema les afecta en primer lugar a ellos, pero compete ineludiblemente a todos los españoles.

Al término de una reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas en diciembre, el presidente del Gobierno afirmó de forma rotunda que "el procés ha acabado y hoy en Cataluña prima la convivencia y se cumple con la Constitución". Con sus palabras, estaba insinuando que la mejoría en la vida pública de los catalanes, quebrada en 2017, era mérito de su gabinete, promotor valiente y entusiasta del reencuentro. Puesto que los portavoces gubernamentales recurren con frecuencia al aserto, unas veces para justificar decisiones polémicas y otras para poner en evidencia al PP, es preciso aclarar este punto.

Si el "procés" alude a todo aquello ocurrido en Cataluña por impulso de un movimiento independentista unilateral en dirección al ejercicio del derecho de autodeterminación, dicho proceso se hizo visible en 2011, cuando el nacionalista Artur Mas enarboló la bandera soberanista, traspasando los límites del estado autonómico, y orientó los pasos de su Gobierno y su partido a la convocatoria de una consulta sobre el vínculo de Cataluña con el estado español. Y finalizó en octubre de 2017, el mismo día que Puigdemont tras dudas y titubeos leyó la declaración unilateral de independencia aprobada por el parlamento catalán y al instante la dejó en suspenso, se aplicó el artículo 155, la distancia entre los partidos nacionalistas quedó reflejada en el rostro de sus dirigentes. Pasadas dos fechas, el diario "El País", en un editorial titulado "El fin del Procés", se esforzaba en resaltar la tranquilidad que transmitían las instituciones intervenidas y las calles de Cataluña. En diciembre de aquel año; Ciudadanos ganaría las elecciones autonómicas.

El "procés" terminó antes de que Pedro Sánchez llegara al Gobierno. Dio coletazos, cada vez más apagados, y quedan rescoldos, pero hace tiempo que pertenece a la historia. Esto no quiere decir que sea descartable otro proceso, que en todo caso ya no sería el mismo. El "procés" se acabó, sí, pero la cuestión es que el problema que plantea el nacionalismo catalán sigue aquí y en la actualidad ha tomado un aspecto muy desafiante. El gobierno parece darse por satisfecho, pero su actuación provoca nerviosismo e inquietud. El último barómetro del Institut de Ciéncies Polítiques i Socials, entidad fruto de la colaboración de la Universidad Autónoma con la Diputación de Barcelona y envidia de los asturianos que no sabemos lo que opinamos de nuestras cosas y de nosotros mismos, como sí lo saben los partidos que pagan sus encuestas con dinero público, refleja el malestar de los catalanes. Una mayoría considera que la situación política de Cataluña es mala. Más de la mitad suspende la gestión del gobierno español. Los catalanes, en general, no tienen grandes esperanzas en el diálogo, declaran en un porcentaje creciente que el "procés" ha sido abandonado, y son partidarios de celebrar un referéndum y ampliar tanto el autogobierno como su financiación. La proporción de independentistas ha disminuido, pero se mantiene por encima de un tercio, superior a la registrada antes del "procés".

La generosidad del gobierno con los nacionalistas catalanes merecería un elogio si no fuera por el interés partidista de su relación con ERC, socio parlamentario preferente, y porque en su política hacia Cataluña ha menospreciado a la sociedad española. El futuro más inmediato de la cuestión catalana, hoy mismo, lejos de la pretensión de Pedro Sánchez de sacarla del ámbito judicial, está en manos del Tribunal Supremo. Jueces, fiscales y juristas se devanan los sesos tratando de encontrar la aplicación justa de la reforma del Código Penal, que ha generado fundadas sospechas en torno al Gobierno y una enorme confusión en la opinión pública. Pedro Sánchez apoyó la activación del artículo 155, luego pactó con los independentistas y proclamó la prioridad de la cuestión catalana, y acaba de asegurar que no habrá un referéndum de autodeterminación. Excluida esta opción, dando por buena su palabra, solo cabe esperar a que el tiempo decida sobre Cataluña, recuperar el Estatuto declarado parcialmente inconstitucional, confiando en que el Tribunal corrija su sentencia, o redactar un nuevo Estatuto. Cinco años después de su primera investidura, va a cerrarse la segunda legislatura y Pedro Sánchez sigue sin explicar su plan para una parte muy importante de España, llamada Cataluña.

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