Una reserva india, sin indios

En una iniciativa única en su género, y pionera en España, el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) reunió en los últimos meses a los principales especialistas de la región para abordar el grave problema del derrumbe poblacional que nos afecta. Estadísticos, geógrafos, juristas, fiscalistas o expertos en medio rural, energías renovables y obra pública, explicaron al detalle los plurales y complejos contornos de esta crisis demográfica. Lo hicieron, además, ante un público muy preocupado por este reto, en el que no estaba ninguno de los principales líderes políticos, tal vez porque tenían asuntos más urgentes de qué ocuparse. O porque prefieren esperar a leer el libro que pronto verá la luz con las aportaciones de esas catorce personalidades sobre el avance del desierto vegetativo en Asturias.

Aunque el fenómeno continúe teniendo múltiples aristas, de las intervenciones de los que saben pueden desprenderse dos conclusiones incontrovertibles: a mayor desarrollo económico de una zona, menor decrecimiento del censo; y a mayor extensión de áreas de protección ambiental, menos habitantes. Lo dijo más claro un asistente a las Jornadas: "a más trabayo, más paisanos; y a más animales salvajes, menos paisanos". Insisto en que el reduccionismo en un dilema como este es siempre desacertado, pero lo que resulta evidente y existe constancia científica y técnica es que en la comarca industrial de Navia o en la de servicios de Cangas de Onís no se padecen tanto los rigores demográficos de otros lugares sin ese mismo dinamismo empresarial. De igual modo que la extensión de los espacios protegidos sin prever fórmulas para que las familias o la iniciativa privada puedan sobrevivir en ellos se traduce, a tenor de los datos, en constante pérdida de habitantes en esos concejos. Está comprobado también que ciertas especies peligrosas llegan a zonas de costa donde nunca antes habían llegado, o a las proximidades de ciudades y pueblos jamás alcanzadas.

De lo anterior se desprende, una vez más, que la mejor política social es una buena política económica, que sea capaz de generar riqueza y una sociedad que viva por sí sola, sin necesidad de recurrir a la anestesia de los fondos públicos, ya lleguen de Madrid, de Bruselas o de Pernambuco. Nuestra experiencia como región revela que precisamos con urgencia de cirujanos, no de anestesistas, que sepan crear las condiciones para que en cualquier rincón del Principado pueda vivirse, como sabiamente han hecho en el Reino Unido, donde la residencia y actividad en los pequeños municipios hasta es considerada de alto relieve en términos de nivel ciudadano.

Y, en lo tocante a la visión exorbitante de la cuestión ambiental, debiera preocuparnos el criterio sostenido por nuestros tribunales en el sentido de la irreversibilidad de los espacios protegidos una vez declarados, debiendo centrar más nuestra atención en potenciar el progreso socioeconómico de las poblaciones locales de forma compatible con los objetivos de conservación del espacio, que no pueden concebirse sin el paisano dentro, como diría aquel asistente a la sesiones.

Lo que desde luego no procede en este caso es apelar a infantiles o demagógicas propuestas de creación de órganos administrativos para conjurar este serio inconveniente, que en rigor debiera implicar tanto al gobierno autonómico como a los locales y a la Junta General en una acción concertada. Lo que toca ahora es atender lo que sugieren los que controlan y solo buscan ayudar sin obtener nada a cambio, con objetividad y racionalidad. Cualquier escenario diferente nos aboca a seguir perdiendo dimensión y capacidades, hasta acabar convirtiéndonos en una reserva india, pero sin indios.

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