Viviendas públicas

Sánchez ha prometido otros 20.000 pisos públicos y ayudas a los alquileres a un mes de las urnas. La tómbola electoral no ceja; la prueba de ello es que el presidente del Gobierno ha reiterado ya, en lo que va de legislatura, unas cuantas veces su compromiso, agregando nuevas cifras, sin que el problema de la vivienda tenga visos de resolverse más allá de lo que supone la cháchara habitual. Ya saben a lo que me refiero: nosotros buscamos las soluciones mientras que la oposición practica el modelo neoliberal que fomenta la especulación inmobiliaria. Trilirí y tralará. Todo se reduce a eso.

Sánchez sostiene, sin embargo, que ha llegado la hora de cambiar ese modelo para que la vivienda sea un derecho y no una mercancía. Sobre este último particular planean las mayores falacias. La Constitución consagra el derecho a una vivienda digna, no que el Estado te la tenga necesariamente que proporcionar, del mismo modo que tampoco puede negarte el acceso a ella. Ser propietario de una casa, una de las maneras de hacer realidad ese derecho, resulta bastante más complicado que interpretar la letra. Primero, cuando convenía, se dijo que los jóvenes no querían atarse a una hipoteca y se conformaban con vivir de alquiler; ahora que los precios están inflados no pueden hacer frente al gasto de un piso con sus ahorros si es que han logrado ahorrar. Comprar no es que no entre en sus planes, el paro y la precariedad laboral son los verdaderos obstáculos. Los salarios no acompañan las subidas que marca el sector, aunque estas se hayan moderado. La "movilización inmobiliaria" de Sánchez, pese a repetirse, es una entelequia. En primer lugar, porque el problema inmovilizó al propio Gobierno, parapetado en su relato y escasamente proactivo. El sueño constitucional de la vivienda digna se estrella contra los datos que reflejan que en España es donde más se ha reducido el poder adquisitivo de los trabajadores debido a la elevada inflación. Mientras, crece el paro.

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