El limbo de la "okupación"

Bien está que uno de los asuntos centrales de esta campaña electoral sea la vivienda. Bien está que el Gobierno haya aprobado la ley de Vivienda, sólo a falta de su paso por el Senado, aunque esa norma tenga muchos aspectos discutibles. Peor sería no hacer nada. Lo que de ninguna manera puede estar bien es que esa ley –por componendas políticas– no sólo no solucione el problema de la "okupación", sino que además sea condescendiente con aquellos que "okupan" ilegalmente la propiedad privada y castigue a los propietarios.

Se habla mucho, y bien está que se haga, del artículo 47 de la Constitución Española, que declara que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", y establece que "los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho".

No está tan bien que se ignore el artículo 33 de la Carta Magna, que "reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia" y, según su literalidad, "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes".

En los últimos dos años, según el Ministerio del Interior, en España ha habido diez mil denuncias por "okupaciones" de viviendas. De ellas casi 4.000 (el 36,64%) estaban habitadas y 5.803 (el 58,23%) vacías. El problema se agrava ante las dificultades de los propietarios para recuperar sus inmuebles, que se ha disparado en los últimos años, según el CGPJ, hasta un año y medio de promedio –hace cinco años eran menos de doce meses–, debido al atasco endémico de nuestros tribunales.

Mal está apropiarse de una vivienda deshabitada, pero no tiene nombre aprovechar una ausencia del propietario para colarse en su casa e impedir su entrada por muy desesperado que el "okupa" esté. Y este supuesto es el que se produce en uno de cada tres casos de ocupación ilegal, según los datos del Ministerio.

La nueva ley, que presumiblemente será definitivamente aprobada antes de las elecciones del próximo día 28, no es que solucione el problema de la "okupación", sino que lo facilita y lo estimula. Se está criminalizando al propietario al exigirle que acredite que la vivienda "okupada" es la habitual, no ya suya, sino del "okupa", y, además, que no es un "gran tenedor", es decir que no tiene diez o más inmuebles propios.

Según el catedrático de Derecho Civil Sergio Nasarre, "el objetivo de la ley de vivienda respecto a la ocupación es dilatar los procesos de desalojo ante la incapacidad del Estado de cumplir con el artículo 47 de la Constitución". No sólo eso, sino que, además, reconoce que la "okupación" es un método válido ocupacional porque ralentiza los procedimientos de expulsión con la excusa de buscar alternativas a los casos de personas vulnerables, alternativas que no existen (...). Por tanto, ampara una situación de sinhogarismo al autorizar que personas vulnerables alarguen su estancia ocupando un inmueble de manera ilegal".

Los incidentes que están teniendo lugar en el barrio de la Bonanova de Barcelona son la muestra de adónde conduce la política "okupafriendly", como la llevada a cabo por la alcaldesa Ada Colau: ciudadanos tomándose la justicia por su mano, el floreciente negocio de los "desokupas", enfrentamientos violentos… Convertir una ciudad en capital de la usurpación ilegal de viviendas, con casi la mitad del total de casos registrados en toda España y un aumento del 82 por ciento en los últimos seis años.

Mañana, viernes, comenzará la campaña electoral. En los mítines, los partidos del Gobierno nos hablarán de la concesión de miles de viviendas maravillosas a precios accesibles para las personas vulnerables. Habrá que verlo. La oposición insistirá en que la solución es dejar que el mercado que se regule solo. También habrá que verlo. Pero los pequeños propietarios, aquellos invirtieron sus pocos ahorros en un piso para alquilar, estarán pensando en sacar sus viviendas del mercado ante la inseguridad reinante. Y la "okupación" seguirá en un limbo.

Suscríbete para seguir leyendo