Por un puñado de dólares... y de contratos públicos

Que nadie piense que la contratación pública no es importante o supone sólo un puñado de dinero. Nada más lejos de la realidad. El gasto en contratación supone la ingente cantidad del 15% del PIB. Piensen que la contratación es la adquisición de obras, suministros y servicios por parte de las Administraciones Públicas (AAPP) para su funcionamiento y poder prestar los servicios públicos a la ciudadanía: sanidad, educación, transporte, seguridad, justicia, etc. Desde la compra de material de oficina de un pequeño ayuntamiento hasta la construcción de la variante de Pajares que –si no lo saben– ha costado 4.000 millones de euros, más que la ampliación del canal de Panamá.

La contratación pública –las licitaciones– también tiene una gran importancia social y periodística, sobre todo cuando estallan casos de corrupción o hay prácticas irregulares o ilegales. Por ejemplo, LA NUEVA ESPAÑA ha publicado 346 noticias relacionadas con contratación desde 2008, dos noticias al mes de media. Es un campo de minas, explosivo, donde las AAPP contratan a empresas para satisfacer el "interés general", una entelequia tan loable y compleja como arbitraria porque el interés general es subjetivo y no cuantificable. La parte buena –y que no sale en los medios– es que en la grandísima mayoría de las licitaciones no hay corrupción, los funcionarios contratan de manera eficaz y las empresas hacen un trabajo serio y honesto.

La Ley de Contratos del Sector Público es la que regula cómo las AAPP deben contratar. En España existen más de 20.000 órganos con poder de contratación, un órgano por cada 2.300 habitantes, ¿no les parecen demasiados? La ley vigente fue aprobada en 2017 y es muy compleja: 347 artículos, 55 disposiciones adicionales y cambios normativos constantes. A eso súmenle la mucha jurisprudencia existente por la gran cantidad de litigios entre licitadores y AAPP en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo o en los Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales. Algunos de esos litigios entre empresas y administraciones me recuerdan al spaghetti western que da título a esta tribuna, donde Clint Eastwood llega a un pueblo fronterizo dividido por dos bandas rivales que luchan por vencer.

En el foro del municipalismo asturiano organizado por este periódico hace tres meses, el presidente del Principado afirmó "exigir al Gobierno central un replanteamiento de la obsoleta ley de contratos del sector público". Un alcalde dijo también en ese foro que "los trabajadores municipales trabajan tres veces más que hace seis años. La burocracia administrativa les ‘come’ muchísimo tiempo" y que "los políticos que legislan desde Madrid están creando una administración cada vez más difícil". El alcalde de Oviedo, en un acto de campaña electoral en las pasadas autonómicas, anunció "agilizar el funcionamiento del ayuntamiento creando una oficina técnica para externalizar la redacción de pliegos y contratos". ¿Un ayuntamiento puede externalizar labores administrativas propias –y sensibles– a una empresa privada? ¿Tiene encaje legal? No hay soluciones fáciles a estos problemas, la contratación exige personal funcionario experto, capaz y dotado de recursos técnicos. No que una empresa asuma responsabilidades públicas.

Las anteriores declaraciones ponen de manifiesto que la contratación genera bastantes problemas dentro de las AAPP. Algunos políticos asturianos no están planteando soluciones realistas, parece que quieren tomar atajos inciertos o quejarse de la ley de contratos, creyendo que una nueva ley resolvería todas sus carencias y problemas. Me recuerda a los lamentos de un mal estudiante que ha suspendido un examen difícil. ¿Y cómo han aprobado sus compañeros? La ley de contratos es nacional por lo que todas las AAPP lidian con ella todos los días. En el foro mencionado los propios alcaldes propusieron un cambio en la organización del territorio para pasar a hablar de comarcas, de "sinergias", de "unirnos" y colaborar. Se me ocurre que esa colaboración aplicada a la contratación sería hacer compras conjuntas, compartir recursos, desarrollar herramientas informáticas que automaticen y alivien la labor del funcionario, crear equipos supramunicipales expertos en contratación, etc.

Está claro que la Administración no es una organización monolítica. Es un conjunto muy heterogéneo de AAPP a distintos niveles (estatal, autonómico y local) subdividida en consejerías, direcciones generales, departamentos, servicios, etc. A esto hay que sumar oficinas independientes, instituciones de control externo, empresas públicas, universidades, etc. Se pueden imaginar la falta de coordinación entre ellas y, consecuentemente, también en materia de contratación pública. Al final son organizaciones de personas, con sus filias y fobias, cuyos puestos directivos están politizados y pueden virar de rumbo fuertemente cada cuatro años. No obstante, hay que remarcar que la contratación es un área eminentemente administrativa realizada por funcionarios.

La realidad es que el personal de las AAPP está envejecido y adolece de perfiles técnicos (ingenieros e informáticos) que impulsen su modernización y digitalización. En mi ejercicio profesional me he encontrado con excelentes funcionarios, pero incluso esos están bastantes veces atados de pies y manos por las cadenas de la burocracia, la falta de medios técnicos y la inercia de sus organizaciones poco dadas a la innovación.

Clint Eastwood dice en la película que "sólo oigo mal aquello que no quiero oír". Espero que los políticos escuchen atentamente y se dejen aconsejar por los juristas, académicos, tecnólogos y expertos en contratación pública. No hay atajos si queremos unas AAPP eficientes que nos den a los ciudadanos los mejores servicios posibles. Son muchísimos puñados de euros y contratos.

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