Tras la investidura fallida de Feijóo, a Felipe VI compete ahora encargar a Pedro Sánchez que trabaje en la obtención de una mayoría parlamentaria que le habilite para gobernar España otros cuatro años. El líder del PSOE no alberga dudas acerca de sus intenciones: repetir socios de gabinete y buscar la aquiescencia de independentistas y nacionalistas catalanes y vascos. Para alcanzar ese fin, Sánchez tiene que meter en el mismo saco todo el espectro político que no lleve las siglas PP y Vox. Algunos de los que le cederán su voto son partidos republicanos a los que les encantaría acabar con la monarquía parlamentaria. O sea, que el Rey tiene que proponer gobierno a un tipo que pasea del brazo de los que reclaman un regicidio político, obligado a bendecir a los que denigran de la corona.
Se acabaron las semanas de los dimes y diretes y de las triquiñuelas: al presidente en funciones no le queda otra ya que voltear los naipes sobre el tablero y confirmar si se somete o no a las exigencias del independentismo. Si está dispuesto a conceder una ominosa amnistía a una jauría de delincuentes y a concederles la convocatoria de un referéndum o no insultar al modelo constitucional y convocar nuevas elecciones.
El Parlamento catalán ya fijó la pasada semana su diáfana posición: abordar un referéndum de autodeterminación a la largo de la nueva legislatura. Habla expresamente de “fijar condiciones” para esa consulta popular y de “poner las bases acordadas para que Cataluña pueda decidir su futuro”. Nada nuevo bajo el sol, pero el órdago está sobre la mesa de Sánchez. Y la papeleta, para el Rey, convidado de piedra a una boda de conveniencias a la que no ha sido invitado y donde ni se le quiere ni se le espera.
