Hasta aquí hemos llegado

Buena parte de la sociedad española vivía hasta ahora instalada en una normalidad patológica que acepta, con naturalidad, lo que estaba pasando y que se sustancia en un atropello a la justicia y a la democracia.

Consciente de que los cimientos de la convivencia se tambalean, el centro y la derecha –espoleados por conservadores sin complejos– han comenzado a usar la calle, patrimonio hasta ahora de la izquierda y los nacionalistas; unos y otros, titulares –por apropiación– de la razón, la verdad, la justicia, la paz, el amor, los pobres... el progreso y la libertad.

La "paz social" de la que se vanagloria el cortejo, con los siete votos ya en la faltriquera, pudiera reavivar el conflicto en Cataluña y extenderlo por todo el país. Habida cuenta de que algunos han permanecido callados y prudentes tantos años, el impacto emocional y el miedo debe ser equitativo.

A propósito ¿alguien se ha parado a pensar en los daños colaterales causados a los catalanes que se sienten también españoles, traicionados por un Estado débil y pusilánime y marginados durante años por los mambises (insurrectos contra el dominio español)? ¿Qué opinan de lo que está pasando? ¿Lo contemplan con indiferencia o creen que hay que "pasar página" y "eliminar crispación"?

Buen número de catalanes no querrían la separación del resto de España, haría falta saber ¿cuántos millones son realmente? Y, de paso, llenar las urnas de decencia. En las últimas autonómicas votó el 50% del electorado. Así, no se los oye.

La movilización en marcha –sobra todo vestigio de violencia– no va a aceptar una falsa neutralidad ideológica de las élites, consistente en permanecer en silencio, ni va a dar tregua a una amnistía que, por lo que se entrevé, no sería compatible con el Estado de derecho, generaría una clase política jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos y violentaría la independencia de los tribunales.

No se puede condescender con quien quiera formar gobierno, a base de transformar una sentencia judicial en moneda de cambio. Cuando se violentan reglas básicas y elementales de la convivencia democrática, se comete un error –quizás ya irreparable– que perjudica "erga omnes".

En el anticipo del acuerdo firmado no hay una sola medida real que se pueda apuntar al asiento del interés general. Todo gravita en torno a un ejercicio de supervivencia personal de ambos, que comparten el relato desplegado por los soberanistas.

Según los firmantes, el acuerdo de Bruselas busca la plena normalidad política, institucional y social, retruécano que no refleja realidad alguna, porque desbarata la política, entarquina las instituciones y fracciona la sociedad en polos antagónicos.

Una tarea animosa del gobierno de coalición progresista ha sido neutralizar instituciones públicas, poniéndolas a su servicio, al albur de sinuosos intereses.

El Ministerio Público, que previamente defendió –con contundencia– que la amnistía sería totalmente ilegal, ahora opina lo contrario. Causa rubor el apresuramiento en la presentación de un recurso contra la decisión de un magistrado, para tranquilizar a los soberanistas.

Quien ha pedido explicaciones es la Comisión Europea, habilitada para pedir información en cualquier momento. Primero inquiere informalmente. De ahí la carta remitida por el comisario europeo de Justicia a dos ministros del Gobierno español, pidiendo aclaraciones sobre la nonata amnistía.

Misiva y remitente han sido denigrados en la parrilla de las redes sociales. En este caso, los drones iban dirigidos a la "intromisión arbitraria y partidista en la política española" y al "personaje ultra de dudosas intenciones, que defiende las tesis del PP y debe dimitir de inmediato". El poli ministro destinatario fue más lejos: El acuerdo "no va de que el candidato sea presidente, sino de mejorar España".

¿A quién le puede extrañar que la UE, cuyo fundamento es la defensa del Estado de derecho, muestre su interés ante un Gobierno que acopia voluntades de personas perseguidas por la ley nacional, ofreciéndoles una amnistía –previamente considerada inconstitucional– a cambio de sus votos?

El derecho comunitario es de obligado cumplimiento en los países miembros. Estos pueden negarse a cumplirlo, lo que podría acarrearles sanciones económicas, tales como la supresión de fondos comunitarios.

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Cuando el poder Ejecutivo, con la connivencia del Legislativo, quiere dejar sin voz al Judicial, está actuando arbitrariamente al margen de los controles democráticos. Esta es la consecuencia inmediata de promover –contra la mitad del Parlamento– una proposición de ley, que afecta a la médula democrática.

Si se va a decidir que las decisiones del Poder Judicial están subordinadas a la negociación de conveniencia del Gobierno de turno, decae la separación de poderes y el Estado de Derecho. De ahí, la lógica de que el poder judicial lo denuncie, como evidencia la unanimidad de jueces y fiscales.

El plan de asalto al poder Judicial es la culminación de un proyecto diseñado hace tiempo, con objetivos terminantes: evitar la alternancia política y derogar de facto la Constitución del 78, que consagra la separación de poderes, la igualdad de los españoles y la soberanía nacional.

El último gran obstáculo en la negociación del acuerdo ha sido el reconocimiento del "lawfare", una persecución judicial ilegal contra políticos y partidos independentistas, novedad que ha subido con estrépito al escenario y puesto de acuerdo al entorno jurídico, que lo considera inaceptable porque "quiebra la separación de poderes".

Tampoco es algo nuevo. En sucesivas ruedas de prensa, en Bruselas y Naciones Unidas, el presidente —en plenitud de funciones— afirmó que cuando un tribunal dicta una sentencia "punitivista", acto de venganza que invade los terrenos de la política, prevarica.

Debido a esta ecuación, al perseguir una insurrección legítima, los magistrados que procesaron a los separatistas deberían ellos mismos someterse a la acción de la justicia. Lo que delata que el Ejecutivo coloca, como prioridad en su agenda, el control del aparato judicial, al tratarse de un asunto de crucial importancia estratégica.

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El arquitecto –tras bambalinas– de lo que se ha firmado en Bruselas ha medido, con escuadra y cartabón, la constitucionalidad de lo firmado, las inyecciones finales para el desbloqueo (referéndum, "lawfare", relator internacional), la sucesión de los tiempos, los escenarios y los equilibrios entre los mambises contendientes.

Dicho esto, la ley de la causa y el efecto no puede ser alterada ni siquiera por el arquitecto, aunque se confíe con temeridad en el 7 a 4 del órgano que estudia las garantías constitucionales pero no las cambia, porque no es un poder para hacerlo posible.

Lo que está en juego es la esencia misma del Estado de derecho, del sistema de equilibrios y contrapesos, la seguridad jurídica. Una justicia subordinada o revocada implica una sociedad condenada al sometimiento, indefensa ante el abuso, la arbitrariedad y el desafuero.

Nada de pacto histórico, amnistía para él y sus coadjutores. No hay renuncia a la unilateralidad ni propósito de la enmienda. Insisten en que lo volverán a hacer y postulan la existencia en España de una persecución judicial contra políticos y partidos.

No caben repliegues tácticos. Hasta aquí hemos llegado.