Opinión | Más allá del Negrón

Las urnas no hacen justicia

El descrédito de nuestro sistema judicial erosiona la democracia

Las urnas no hacen justicia

Las urnas no hacen justicia / Pablo García

De las muchas descalificaciones que se han hecho sobre el Poder Judicial español y sus representantes, quizá la más grave sea la de que las urnas harán justicia. De hecho, el pasado domingo las urnas expresaron la opinión de los ciudadanos, pero, en ningún caso, han impartido justicia sobre las causas pendientes, por encima de los jueces. Según esa teoría, las urnas hicieron justicia con Milei o con Netanyahu, por no remontarnos a 1933 cuando las urnas aupan a Hitler al poder.

Ha querido la casualidad que estas descalificaciones coincidieran con la reacción de Donald Trump a su declaración de culpabilidad . El expresidente declaró que su juicio había sido "una pantomima" y calificó al juez de "diablo" y "tirano". No sólo. Además definió Estados Unidos como un "Estado fascista" y llamó a los ciudadanos a demostrar su descontento en las elecciones del 5 de noviembre, "el día más importante de nuestro país".

Es el más grave de los ataques posibles a la justicia, pero ni mucho menos el único. Las acusaciones de lawfare –dando la razón a los independentistas–, y, sobre todo, la campaña de desprestigio del juez del "caso Begoña" están creando en la ciudadanía una peligrosa animadversión a nuestra justicia. Al magistrado se le ha tachado de "senil" –tiene 70 años–, de simpatizante del PP –tiene una hija concejal en Pozuelo–, y marioneta de oscuros poderes fácticos –tan oscuros que no se sabe cuáles son–, sometiéndole a una persecución equivalente a la sufrida por el juez Llarena, instructor de la causa del "procés".

La politización de la justicia más descarada no está tanto en los magistrados como en la Fiscalía General del Estado, que ya ocupa de forma habitual, por alguna norma no escrita, algún exministro o algún político con carné

La reacción del presidente Sánchez a la investigación sobre su esposa contrasta con la lacónica respuesta del presidente Biden cuando le preguntaron por la imputación de su hijo: "No tengo nada que comentar sobre cualquier investigación que esté en marcha. Eso es algo que depende del Departamento de Justicia. Y es todo lo que tengo que decir". Nuestros políticos, tan aficionados a ejercer de jueces, deberían grabar a fuego esas palabras por el bien de la separación de poderes.

De que la justicia en España tiene problemas no hay duda. Lo que está ocurriendo con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial es una muestra. Pero no es tanto culpa de los jueces como de los políticos incapaces de llegar a un acuerdo. Hasta el punto de que los dos principales partidos pidieron la mediación de Bruselas, que tampoco llegó a ninguna parte por la cerrazón de unos y otros.

Se reprocha a nuestros jueces que están politizados, que en su mayoría son conservadores. La base de la peregrina acusación –ideada en su momento por Pablo Iglesias– es que la carrera judicial es larga y costosa, y que sólo las familias acomodadas pueden afrontar esos estudios. Pero la politización más descarada no está tanto en los magistrados como en la Fiscalía General del Estado, que ya ocupa de forma habitual, por alguna norma no escrita, algún exministro o algún político con carné.

La mayoría de los que hemos tenido la desgracia de tener que acudir a los tribunales hemos salido insatisfechos. Cuando el juez nos ha dado la razón, nos parece que la compensación es pequeña. Y si nos la ha quitado, porque el castigo o la multa han sido desproporcionados, a nuestro juicio. Cuando fui como demandante, el juez consideró que no tenía suficientes pruebas y me impuso una jugosa indemnización para compensar al demandado. Cuando me llamaron como testigo, no me hicieron las preguntas que yo creía oportunas, con lo cual no pude dar mi versión. Tal vez la justicia sea eso: no dejar satisfecha a ninguna de las partes, que es donde debe de estar el término justo.

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