Opinión | Manual de contrarresistencia

Ni prepotencia, ni mentiras, ni amenazas

Comportamientos de los políticos que amenazan la convivencia democrática

Uno de los peligros que amenazan la supervivencia de los regímenes democráticos es la pasividad de los ciudadanos ante los comportamientos prepotentes, las mentiras y hasta las amenazas, concretamente las referidas a todos los males que les acarrearía –al votante y al país en general– si los ciudadanos decidieran retirarles su confianza y votar a otros en las siguientes elecciones.

Casi desde el inicio de la transición política se ha venido asumiendo que las promesas electorales no se cumplan y que los comportamientos de los elegidos se desvíen descaradamente de los principios proclamados. Lo que en la amistad y el vínculo familiar habría dado lugar a la ruptura de relaciones, en cambio se considera como una especie de "pecado venial" en los políticos. Ciertamente, no es que el ciudadano los disculpe "a priori", sino que da por hecho que la falta de sinceridad y de seriedad forma parte de los comportamientos de muchos actores del teatro político. Por eso es preciso aclarar que no existe norma legal que ampare el derecho a mentir, a amenazar o a ser prepotente, y esto es aplicable a todos los españoles, sean políticos o no.

No existe el derecho a mentir.

1º. En los juicios, la obligación de ser veraces se impone a testigos y peritos, y el incumplimiento de la misma acarrea condena por delito (artículos 458 a 462 del Código Penal). La pena se agrava si quien presenta a sabiendas testigos falsos o peritos mendaces es abogado o representante del Ministerio Fiscal.

2º. Los demandantes y demandados y los investigados y acusados, si no dicen la verdad, no son objeto de las sanciones que afectan a testigos y peritos, pero en las leyes procesales no se consagra su derecho a mentir. A modo de ejemplo, en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a los detenidos y presos se les reconoce, entre otros, el derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismos, a no declararse culpables y a no contestar a las preguntas que se les formulen, pero no el derecho a mentir.

Tampoco los políticos tienen derecho a mentir.

Si ahora fijamos la atención en quienes se dedican a la política, veremos como carece del menor soporte legal el mentir, amenazar o actuar prepotentemente en su relaciones con la ciudadanía. Afortunadamente, no todos los que ocupan cargos políticos ni los que aspiran a sucederles incurren en estos comportamientos pero, por nuestra dignidad y por evitar el descalabro del sistema democrático, hay que ser activo y no dejarse amilanar por quienes actúan de modo contrario a lo que establecen las leyes. En consecuencia, voy a fijar la atención en algunos ejemplos fundamentales:

1º. En la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948), el artículo primero dispone que "todos los seres humanos… deben comportarse fraternalmente los unos con los otros", y el artículo 19 establece que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas…". ¿Cómo se puede casar esta serie de derechos indubitados con los ataques, generalmente sectarios, que soporta el ciudadano que no comulga con quienes detentan el poder en cada ocasión?

2º. En el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Roma, 4 de noviembre de 1950, enmendado en 1963 y 1966), ratificado por España en 1977, su artículo 19 instituyó la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para "asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las Altas Partes Contratantes".

En el artículo 10.2 se indica que los derechos reconocidos, entre ellos la libertad de expresión, opinión y la libertad de recibir o comunicar información, solo pueden ser sometidos "a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática", entre otros motivos para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública. Nunca por meros intereses partidistas o electoralistas.

Sentado lo anterior, podrá el lector concluir si, a la luz del tipo de información que recibimos o nos ocultan, se está respetando o no lo que constituyen los cimientos de una sociedad democrática.

3º. Constitución Española de 1978. Me limito a transcribir parcialmente lo que declara su artículo 10. 1. "La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social".

Mal puede contribuir a defender la paz social utilizar la crispación y la división entre los españoles como arma al servicio de fines partidistas.

4º. Ley de Partidos Políticos, de 27 de junio de 2002.- Artículo 6 : "Los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes". Huelgan los comentarios.

Y una reflexión final sobre la crispación.

Para concluir, citaré el apartado 1.a) del artículo 510 del Código Penal, donde se incardinan los conocidos como delitos de odio. "Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses: a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad".

Invito al lector a reflexionar acerca de si las conductas penalmente sancionables también incluyen el odio y discriminación hacia ideologías políticas, y si el fomento de la crispación y la hostilidad que generan podría incardinarse en las sanciones previstas en este artículo. No expondré mi opinión: prefiero facilitar a quien amablemente dedica su tiempo a leerlo, los materiales necesarios para que cada uno llegue a las conclusiones que le parezcan más adecuadas.

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